La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) arrastra un pasivo de más de 973 millones de pesos por 20 juicios relacionados con expropiaciones en administraciones anteriores.

El informe de la dependencia que hoy se presenta al Congreso de la Ciudad de México refiere que de agosto del año pasado a julio de 2020 se recibieron 147 demandas y 149 sentencias de juicios de amparo, de los cuales 103 son favorables a la dependencia; no obstante, hay 20 procesos que deben pagarse.

Tan sólo en el año reciente, la Seduvi pagó 2.8 millones de pesos por dos casos, y se ha requerido el pago de otro por 12.9 millones.

Reporta que debido a la pandemia de Covid-19, en el año más reciente disminuyó la emisión de diversos trámites relacionados con construcciones.

Por ejemplo, el certificado de acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos, que hace constar los derechos de uso de suelo y aprovechamiento legítimo, se emitió apenas en seis ocasiones, frente a 47 entregados en el mismo periodo del año anterior.

Así también, se presentaron 17 avisos de obra de vivienda social o popular, cifra menor a los 65 registrados el año pasado.

Sobre el programa de vivienda urbana registró a 15 promoventes, y se han revisado 15 predios para ofertar 2 mil 60 viviendas.

A su vez, estos proyectos incorporaron 620 viviendas, que incluyen tres recámaras con precios que van de 524 mil a un millón 100 mil pesos, con una inversión de 4 mil 60 millones de pesos.

Se espera que al término de este año se hayan iniciado obras en nueve predios para construir mil 192 viviendas.

Sin detallar cifras, la Seduvi indica que debido a la incertidumbre económica nacional y local generada por la pandemia, ha disminuido la proyección de vivienda en el país y en la ciudad, por lo que estima que al terminar el sexenio se construyan entre 7 mil 500 y 9 mil viviendas incluyentes para el mismo número de familias.

Como ordena la recién creada Ley de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, la Seduvi ha comenzado con el diseño y la implementación de una política integral para la atención a los asentamientos humanos irregulares en suelos de conservación.

De manera breve, menciona que dicha acción es uno de los trabajos que desarrolla la dependencia con el objetivo de proteger los servicios ambientales y las zonas naturales, sin que ello implique olvidar a miles de familias que habitan en esos espacios.

Se busca mejorar las condiciones de vida de los pobladores y proteger el suelo de conservación.