uchas instituciones sociales creadas a partir de la Revolución Mexicana tuvieron una clara intención de lograr justicia y de rescatar a los sectores más necesitados del país. No fueron esos proyectos ni esas instituciones los que fallaron o estuvieron equivocados, sino quienes posteriormente los administraron y llevaron a su quiebra o al desastre.

Por esas razones, es preciso establecer una diferencia muy clara entre la factibilidad de un proyecto o de una institución y las conductas irresponsables o corruptas de quienes los manejan y los hacen fracasar por su inmoralidad e ineptitud.

Entre las iniciativas trascendentales de reivindicación que han sufrido crisis aniquilantes, se encuentran las instituciones de apoyo a los trabajadores, cuyo origen normativo se inició en 1917 con el artículo 123 constitucional para consolidarse en 1929 con su fracción XXIX, que estableció las bases legales de la seguridad social convertidas en una realidad tras la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1943.

En paralelo y para otorgar seguridad y beneficios sociales a los servidores públicos del Estado, la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro, creada en 1925, se transformó en 1960 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste); de ese modo, los dos principales sectores laborales formales fueron protegidos por un gran entorno de servicios médicos, apoyos sociales, retiros y pensiones.

Con esos antecedentes y a los pocos años de su fundación, quienes administraron dichas instituciones comenzaron a malgastar y a dilapidar sus reservas financieras sin importarles que sus propios cálculos actuariales señalaban la necesidad de robustecerlas para enfrentar el creciente envejecimiento de la masa trabajadora y obrera del país.

Esa conducta tan negativa se repitió en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) –creado en 1972 a fin de apoyar a este sector en materia inmobiliaria–, para que 10 años después, en 1982, el gobierno federal autorizara despojar a los trabajadores de miles de millones de pesos de aportaciones que no habían utilizado y que la institución se los había robado o derrochado.

Toda esa crisis múltiple trató de resolverse parcialmente en 1996, al introducir el modelo chileno de las Afore para así ocultar la quiebra de las instituciones de seguridad social, estableciendo una estructura de aportación y cuenta individual que finalmente habrá de dejar a quien se jubile una pensión menor a 25 por ciento de su salario, en lugar de 50 a 70 que recibía con el sistema colectivo.

Dicha estrategia lo que sí promovió fue el negocio de las Afore, pero sin resolver el problema original, ya que en este momento todos los mexicanos, a través de los impuestos que pagamos, tendremos que financiar con más de un billón de pesos (1.2) (un millón de millones) del presupuesto federal para cubrir pensiones y jubilaciones que corresponden al gobierno y que representan 4.9 por ciento del producto interno bruto y la quinta parte del gasto neto total, en una espiral que crece cada año y que llegará, en 2026, a 5.3 por ciento del PIB.

Mientras eso ocurre, seis de cada 10 mexicanos no disponen de un programa de retiro; a su vez, muchas cuentas individuales están inactivas por desempleo e informalidad, en tanto que en 2019 el IMSS destinó 57.9 por ciento de su presupuesto al pago de pensiones y jubilaciones; mientras el Issste lo hizo con 70 por ciento.

En ese mundo bizarro y contradictorio de nuestra vida pública, la burocracia ha ido generando, en forma paralela, castas divinas de funcionarios y empleados que disfrutan de jubilaciones y pensiones privilegiadas, estratosféricas e indignantes que cuestan una fortuna y que son profundamente injustas y ofensivas.

Este panorama tan negativo nos indica la necesidad de rectificar y de retomar los proyectos solidarios originales de seguridad social, incorporando, ahora sí, las aportaciones equitativas de todos los trabajadores, formales e informales, de todos los empresarios y de todos los gobiernos, locales y federal, en las proporciones que resuelvan a fondo los desafíos de salud pública, fortaleciendo también pensiones y jubilaciones para que de ese modo alcancen más de 50 a 70 por ciento del último salario, como se había obtenido en su momento.

Sobre este problema tan complejo ya se empiezan a buscar soluciones por medio de una reforma pensionaria que aumentará la aportación de patrones y trabajadores, reduciendo en algunos sectores las semanas de cotización y controlando las ganancias desproporcionadas de las Afore, lo cual, si bien es positivo, es necesario ampliar y continuarlo más a fondo.

La solución integral de este problema y el restablecimiento de la seguridad social en el país implican un enorme esfuerzo nacional de planeación financiera, eficacia operativa y honradez absoluta, ya que, si no se realizan, el gasto público tendrá un colapso gravísimo y las conquistas sociales que se plantearon hace más de un siglo se perderán irremediablemente.