Guadalajara, Jal., El Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) resolvió una apelación a favor de la Fiscalía de Desaparecidos para que sea girada orden de aprehensión contra siete funcionarios del ayuntamiento de Tecolotlán por su probable participación en la desaparición forzada de dos jóvenes, a quienes presuntamente entregaron a la delincuencia organizada a finales de 2018.

Los acusados son seis policías, entre ellos un primer comandante, y el juez municipal.

El 8 de noviembre de 2018 fueron detenidos Raúl Secundino García y Gustavo Alonso Méndez, acusados de robo, pero la mañana del día 9 desaparecieron a pesar de estar bajo custodia policial.

Diecisiete meses después de haber recibido la denuncia y luego de siete meses de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Cedhj) emitió una recomendación por este y otros 71 casos de desaparición forzada, en marzo de 2020 la Fiscalía de Desaparecidos finalmente solicitó al juez Ranulfo Arreola Zavala, del séptimo distrito judicial con sede en Autlán, orden de aprehensión contra los funcionarios de Tecolotlán, pero el juzgador la negó.

La fiscalía apeló de esta decisión ante el STJE y los magistrados Guillermo Valdez Angulo, Antonio Flores Allende y Armando Ramírez Rizo resolvieron el expediente 53/2020 el primero de septiembre e instruyeron al juez Arreola que dicte las órdenes de aprehensión.

La versión de los familiares coincide con la de la Cedhj: los jóvenes fueron encerrados por la noche y al amanecer salieron de la cárcel municipal, sin que su caso fuera atendido por el juez municipal y sin que se les retuviera hasta esclarecer el presunto robo.

Se sospecha que cinco policías entregaron a los dos hombres a una célula delincuencial.

El municipio, ubicado 120 kilómetros al suroeste de Guadalajara y gobernado por el alcalde priísta Ricardo Ramírez Ruelas, es dominado por células del cártel Jalisco Nueva generación, que está implicado en la desaparición de tres ciudadanos italianos también en 2018, pero en Tecalitlán, en la misma región.

La hermana de Raúl Secundino García dijo que desde principios de 2020 la Fiscalía de Desaparecidos le informó sobre la posibilidad de que en Tecolotlán exista una fosa clandestina en la que podría estar su pariente, pero las autoridades no han acudido al predio.

Los familiares temen que, por el tiempo transcurrido y la lentitud para notificar al juez de Autlán y a la propia fiscalía, los imputados escapen y se prolongue aún más la localización de las víctimas.