El sistema de pensiones mexicano ha sido históricamente desigual. Según datos oficiales, un jubilado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) percibe casi ocho veces más respecto de un trabajador que no laboró para el gobierno; esto es, recibe en promedio una pensión mensual de 65 mil pesos y uno del sector privado (en el sistema de reparto del 73, es decir, antes de la reforma de 1997), 8 mil 333 pesos.

La desigualdad también se observa respecto de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya pensión promedio es de 40 mil pesos. Un poco más abajo están los del IMSS, con 30 mil, y los del Issste, con 15 mil pesos.

Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 2021 la carga de pensiones en el presupuesto federal es de 1.1 billones de pesos, alrededor de 4.3 por ciento del producto interno bruto.

Dicho monto mostró un alza de 7 por ciento en términos reales respecto del requerido para este año.

Abraham Vela, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), explicó que del monto total, poco más de 900 mil millones de pesos se destinan al pago de pensiones propias del organismo y empresas públicas (Pemex, CFE, IMSS e Issste) y a los trabajadores del régimen del 73.

Sólo para estos últimos (jubilados del sector privado bajo la ley del 73), los recursos fiscales para sus pensiones ascienden a 400 mil millones de pesos en 2021, dijo el funcionario.

Esta cifra atiende a unos 4 millones de beneficiarios. Por tanto, la pensión promedio de quienes pueden optar por el sistema de reparto es de 8 mil 333 pesos al mes, apuntó Vela.

Agrego: “es relevante porque se tiene la percepción de que las pensiones del régimen de reparto son muy generosas; no obstante, al compararlas con las que perciben los ex trabajadores de las empresas del gobierno, queda de manifiesto que no lo son.

Por todo lo anterior, debe quedar claro que un regreso al sistema de reparto no ofrecería pensiones tan generosas como algunos creen. Sin embargo, su carga potencial sobre las finanzas públicas sería, a mi juicio, virtualmenteinsostenible.

Para Vela, eliminar el actual sistema de cuentas individuales para dar paso a uno de reparto y migrar los recursos de cada trabajador a una bolsa en común, no sólo atenta contra sus derechos de propiedad, portabilidad, transparencia y rendición de cuentas, sino que representa una gran tentación para que esos recursos se destinen a otros fines.

Para el funcionario, lo anterior dañaría de manera irreparable la confianza de los trabajadores en el sistema pensionario y podría dar lugar a un descontento social de magnitud inconcebible.

Para los que buscan regresar a un esquema de reparto o solidario, otorgar protección social a los trabajadores informales o independientes, y otras propuestas similares, no cabe duda que todas ellas son nobles aspiraciones, puntualizó.