Continuará la estrategia de reubicación penitenciaria para evitar que los grupos delictivos tengan espacios de confort que les permitan establecer autogobiernos en los centros carcelarios, además de usar los más de 16 mil espacios que durante años han estado desocupados, aunque se pagan sumas millonarias anualmente por concepto de construcción y mantenimiento de las instalaciones que se hicieron en sociedad público-privada durante el gobierno de Felipe Calderón, informaron funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En ese contexto se enmarca el desalojo del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2, Occidente, conocido como Puente Grande, lo que, a decir del titular de la SSPC, Alfonso Durazo Montaño, representará un ahorro de 800 millones de pesos para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por cada uno de los ocho penales que se construyeron durante el mandato de Felipe Calderón, periodo en el cual Genaro García Luna era titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, se acordó pagar a las empresas 230 millones de pesos mensuales, ya que el adeudo total es de más de 160 mil millones de pesos por los intereses que se generan anualmente y que el gobierno está comprometido a cubrir en un plazo de 22 años.

En ese contexto, se ha realizado de manera planeada, pero confidencial, el traslado de más de 4 mil reos, entre ellos los internos del penal estatal de Topo Chico, la prisión de las Islas Marías y hasta el miércoles pasado a los ocupantes del Cefereso número 2.

Las estadísticas penitenciarias de junio de este año señalan que los 19 penales federales tienen capacidad para 33 mil 24 internos; de ellos, dos se encuentran desocupados desde hace más de cuatro años: los Cefereso número 3 (ubicado en Matamoros, Tamaulipas) y el 10 (en Monclova, Coahuila), que en conjunto tenían más de mil 600 espacios.

Traslados sorpresivos

Así, en tres días, la SSPC llevó a cabo de manera sorpresiva –para evitar que los reclusos solicitaran el amparo de la justicia federal y no se pudieran realizar los traslados– el cambio de penal de más de 900 reos que allí purgaban sus condenas o se daba seguimiento a éstas.

Los espacios utilizados (de los 33 mil 24) ascienden a 16 mil 774 (entre ellos 4 mil acusados de la comisión de delitos del fuero común, pero que representaban algún riesgo para la seguridad de las instituciones en las que estaban prisioneros).

Durazo Montaño declaró en días pasados que la estrategia de cambiar de cárcel a los internos se debe a que era necesario sacarlos de su zona de confort y puso de ejemplo a quienes estaban en el Cefereso número 2, los cuales tenían oportunidad de mantener un autogobierno en la institución penitenciaria.

De junio de 2018 a junio de 2020, la población penitenciaria en el país aumentó en 12 mil 299 reclusos, la mayor parte en el fuero común, al pasar de 197 mil 988 a 210 mil 287 en total (es decir, reos por delitos federales y del fuero común).

En el contexto de las acusaciones federales, de junio de 2019 a junio de este año, la población pasó de un total de 31 mil 233 a 28 mil 575 internos y aunque parece que no ha habido aumento, en realidad la cifra no ha incrementado debido al número de personas beneficiadas por el nuevo sistema de justicia penal, ya que actualmente hay 38 mil 22 acusados de delitos federales que se encuentran en libertad vigilada, indican los informes penitenciarios federales.