a sala superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por seis votos a favor de sus 11 integrantes la constitucionalidad de la consulta popular demandada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la ciudadanía pueda manifestarse acerca de si se debe iniciar o no una indagatoria judicial sobre acciones presuntamente delictivas cometidas por Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en sus respectivas administraciones. Aunque a la postre el máximo tribunal del país decidió cambiar la redacción de la pregunta a realizar, con lo que los nombres de los referidos no aparecerán, el fondo del asunto se mantiene en la versión finalmente aprobada: emprender el esclarecimiento constitucional y legal de las decisiones políticas adoptadas por los cinco ex gobernantes a fin de garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas.

Falta ahora que el Senado de la República la remita al Instituto Nacional Electoral, de modo que éste incluya la consulta en los comicios programados para el año entrante.

El fallo de la SCJN representa, pues, un importante paso en el complicado y laberíntico proceso de desmontar el andamiaje de inmunidad –y a fin de cuentas, de impunidad– que el sistema político construyó en torno a los titulares del Poder Ejecutivo y que ha sido una atadura ineludible para el desarrollo de una verdadera democracia en el país.

Por añadidura, la realización misma de la consulta, si se llega a ella, será un ejercicio fundamental de democracia participativa en el que la sociedad habrá de decidir si se mantiene esta pieza central del statu quo político heredado por el gobierno de la Cuarta Transformación o si, por el contrario, se desecha de una vez por todas esa abominable excepción constitucional que convertía en intocable al presidente en funciones y aun después de que éstas concluyeran.

Es importante recalcar que entre la determinación de ayer del máximo tribunal del país y la materialización de imputaciones penales en contra de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, hay todavía mucho camino por recorrer y que éste es inevitablemente incierto. Aunque parece existir un amplio consenso social en el sentido de que las cinco presidencias anteriores causaron a México daños gravísimos en lo humano, lo político, lo económico y lo social, no es evidente que sus decisiones puedan ser tipificadas como delitos específicos en el marco legal vigente. Por lo demás, en caso de que así ocurriera, habría que ver el resultado de procesos penales complicados y hasta laberínticos en los que los posibles imputados sin duda recurrirían a poderosos mecanismos de defensa legal.

Nada de lo anterior resta importancia al avance de una causa social que logró recabar más de 2 millones y medio de firmas en dos semanas y que fue asumida como propia por el Presidente de la República. En esa causa confluyen dos justificadas exigencias: que se revise penalmente la actuación de los ex titulares del Ejecutivo federal y que se recabe la opinión de la sociedad ante asuntos de trascendencia nacional como el que está en juego.

Al margen de lo que ocurra en el juicio que se sigue a Emilio Lozoya Austin –en el que Peña Nieto y Calderón Hinojosa podrían ser imputados por actos de corrupción–, el hecho de que se haya abierto esta otra vía de esclarecimiento es sin duda un triunfo de la democracia, de la justicia y de la sociedad.