a semana pasada, en este espacio se saludó el anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre un plan de apoyo a los deudores de la banca que han visto mermados sus ingresos debido a las consecuencias económicas de la pandemia de Covid-19.
Como se informó entonces, en la propuesta se considera reducir en al menos 25 por ciento el pago de las mensualidades, ampliar 50 por ciento el plazo de liquidación de las deudas, reducir tasas de interés y hacer quitas de capital, todo ello condicionado a una evaluación de la capacidad de pago de quienes soliciten estos beneficios.
Ayer, la Asociación de Bancos de México (ABM) echó un balde de agua fría a las personas que hayan visto en aquel anuncio un alivio a sus estrecheces financieras. En videoconferencia, el presidente del gremio patronal, Luis Niño de Rivera, rechazó la posibilidad de que la banca sacrifique parte de sus utilidades para hacer quitas de capital –es decir, condonar parte de la deuda– a los usuarios deudores, sostuvo que el problema central es mantener la solvencia de las instituciones bancarias, y recordó que sus ganancias han experimentado una contracción sustancial durante la emergencia sanitaria. Con todo, dejó abierta la posibilidad de que los deudores obtengan una restructuración de su débito, pero caso por caso, y no como parte de un programa general.
Ante el varapalo de los representantes del sector financiero, es preciso reconocer que los bancos privados son entidades que, como cualquier otra empresa, tienen su razón de ser en la generación de utilidades. Sin embargo, y más allá de las consideraciones éticas y humanitarias –a las que las corporaciones suelen ser refractarias–, parece claro que la actual coyuntura demanda de los banqueros una mirada más amplia, que no se agote en el día a día. Negarse a sacrificar una parte de las utilidades en lo inmediato podría desquiciar la situación de muchos deudores, empujarlos a la insolvencia y provocar un efecto dominó sobre el conjunto de la economía que borraría muchas más ganancias que las que se busca proteger ahora.
No puede descartarse que la actitud de los banqueros sea un reflejo de la confianza en que, si sus decisiones conducen al desastre, el Estado acudirá a rescatarlos con volúmenes ilimitados de dinero público, como ya ocurrió con la puesta en marcha del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en el sexenio de Ernesto Zedillo. Sin embargo, deberían tener presente que el contexto actual es distinto al de entonces, y muy bien podrían encontrarse en la difícil circunstancia de asumir las pérdidas provocadas por sus actos.
