En México están dadas las condiciones para aprobar la nueva Ley General de Aguas y desechar la anterior, la cual favoreció la privatización y la corrupción, afirmaron especialistas.

En el foro Avances y reflexiones hacia la Ley General de Aguas, en el que se analizaron los proyectos de la nueva norma, se informó que con la anterior regulación (de 1992) en los 30 años de neoliberalismo 70 por ciento de las concesiones se dejaron en manos de sólo 7 por ciento de los concesionarios; además, existen mil 11 millonarios del agua, propietarios de más de un millón de metros cúbicos.

Más de 30 millones de personas en el país no cuentan con acceso seguro al líquido y una gran cantidad está expuesta a la contaminación de arsénico, cloruro o compuestos fecales.

El relator del Derecho Humano al Agua de Naciones Unidas, Léo Heller, subrayó que la nueva ley debe dar prioridad a los derechos humanos, garantizar sostenibilidad y equidad en el acceso al agua y saneamiento por sobre los intereses económicos, así como cumplir con estándares internacionales.

Agregó que el principio de igualdad y no discriminación debe dar prioridad a grupos marginados que viven en la vulnerabilidad, como comunidades indígenas, habitantes de asentamientos irregulares o en condición de calle y quienes padecen pobreza. La sostenibilidad económica de la prestación de servicios no puede estar por encima del acceso para todos.

Destacó que en México existe un momento favorable para la aprobación de la nueva ley, aunado al contexto de la pandemia de Covid-19 que debe ser otro aliciente.

Gloria Sánchez, secretaria de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, dijo que tener agua potable es un reto estratégico para todo el país, pues según datos de la ONU, 2 mil millones de personas en el mundo carecen de ella, 4 mil 200 millones no tienen servicios de saneamiento y 297 mil menores mueren cada año debido a enfermedades causadas por las malas condiciones del líquido.