La falta de acceso de las mujeres al aborto legal, seguro y gratuito en el país es una clara violación a sus garantías fundamentales, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En un posicionamiento en el marco del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro en América Latina y el Caribe, reconoció que en dos entidades –Ciudad de México y Oaxaca– se reguló ese derecho al permitirse la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación.

Sin embargo, la comisión subrayó que en los otros 30 donde no ha sido garantizado, las autoridades son corresponsables de la injusticia y violencia cometida contra ellas, así como de la clandestinidad y muertes de mujeres por abortos mal practicados y de la impunidad alrededor de ellos.

El organismo nacional resaltó además la necesidad de que en México se respete el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, además de que se combata la criminalización cuando se ven orilladas a interrumpir un embarazo.

La falta de una regulación que garantice un aborto seguro vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como los relativos a la igualdad y la no discriminación, a la autodeterminación, a la vida, a no ser sometidas a torturas, a la libertad y seguridad personales, a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida y la familia y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

Por eso, la CNDH convocó a todas las entidades del país a que, en el marco de sus competencias, garanticen el aborto legal, seguro y gratuito como parte de los derechos humanos de las mujeres para el acceso a una ciudadanía plena y una vida digna.

Informes del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre incidencia delictiva del fuero común, señalan que de enero a agosto de 2020 se registraron a escala nacional 434 procesos en los que se clasificó al aborto como un delito, de los cuales presentaron mayor incidencia el estado de México (101), Nuevo León (67) y Ciudad de México (57). La situación de criminalización contra las mujeres por interrumpir un embarazo representa una grave violación a sus derechos y niega toda posibilidad de decisión sobre su vida reproductiva.