l próximo sábado se conmemoran seis años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, hecho que ha marcado un parteaguas en la historia reciente de México. Son seis años de búsqueda, de exigir justicia y verdad. Tiempo en el que se han desenterrado miles de cadáveres no identificados, y con ellos, se ha desvelado la realidad de la violencia y de las desapariciones en el país. Después de seis años que han visto el final y el comienzo de dos periodos de gobierno, ¿qué balance tenemos?

Durante los primeros cuatro años, la dignidad de los padres y madres de los 43 sobresale como la fuerza que sostuvo su resistencia y lucha ante el cúmulo de mentiras y el maltrato que les propinó el gobierno de Enrique Peña Nieto: desde el agravio que supuso la verdad histórica y todas y cada una de las irregularidades que se fueron acumulando en la investigación durante esos años, tales como detenciones arbitrarias, torturas y manipulación de evidencias.

Los dos años recientes han estado marcados por una relación sustancialmente distinta con el gobierno de la 4T, a partir de la declaración oficial de la llamada verdad histórica como una mentira. El propio Presidente ha afirmado que la única verdad es que no hay verdad aún en este caso, y ha asegurado que no se detendrá hasta dar con el paradero de los estudiantes. Se han revelado las ilegalidades de la investigación y se ha procedido, incluso, a la detención de algunos de los funcionarios corruptos que perpetraron los montajes que hasta la fecha han perpetuado la negación de la verdad y la justicia para las 43 familias.

Gracias a la legitimidad de la lucha de estas familias y a su digna resistencia, se ha logrado la edificación de un andamiaje jurídico-político que involucra a diversas instituciones públicas, que ha permitido analizar la desaparición con imparcialidad. Los padres de los 43 consiguieron que se creara una Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia, que implica la realización de reuniones mensuales en las que el propio Presidente de la República es quien informa los avances del caso y en las que frecuentemente comparecen también el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar y el fiscal general, Alejandro Gertz; es decir, setrata de un mecanismo político de primer nivel prácticamente sin precedentes. También, se rediseñó, dentro de la Fiscalía General de la República, una unidad de investigación con un fiscal autónomo dotado de recursos y capacidades técnicas. Asimismo, se concretó el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como un mecanismo de supervisión internacional en tiempo real.

A seis años de la desaparición de los 43, la principal novedad en este proceso se resume en las claras expresiones de voluntad política que el actual gobierno ha presentado ante los familiares. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos si las acciones antes descritas se han traducido en un avance sustantivo que acerque a los padres a conocer el paradero de sus hijos. La respuesta, sin ninguna duda, es que el camino es aún insuficiente. Enuncio enseguida tres ejes en los que se requiere más profundidad.

Primero. No se ha esclarecido el entorno de macrocriminalidad que imperaba en Guerrero al momento de los hechos. Uno de los aportes del GIEI, en sus dos informes sobre el caso, estriba en afirmar que se trató de un operativo coordinado durante más de ocho horas, con recursos materiales y estrategia de operación en distintas regiones de Iguala y lugares aledaños. Esto sólo pudo suceder mediante una estructura criminal que amalgamaba al crimen organizado con los distintos niveles de gobierno. Es pertinente reiterar que, al hablar de macrocriminalidad, nos referimos a la criminalidad fortalecida desde el Estado, en la que instituciones públicas trabajan para los intereses del crimen organizado.

Segundo. La investigación ha probado la participación, tanto activa como de comisión por omisión, de integrantes de la policía estatal, la Policía Ministerial estatal, la Policía Federal y el propio Ejército. No obstante, hasta el momento, no se ha detenido a ningún elemento de estas corporaciones. Sin duda, es-tas detenciones podrían ser relevantes para obtener información sobre el paradero de los estudiantes.

Tercero. Un avance ciertamente muy significativo es la identificación genética de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre en un lugar distinto al basurero de Cocula. El hallazgo representa, en palabras del propio fiscal del caso, que la verdad histórica se ha derrumbado. Sin embargo, en términos del derecho a la verdad, es imprescindible que mediante un acervo probatorio se genere una nueva narrativa de lo que sí sucedió esa trágica noche. Si bien se ha fortalecido la hipótesis de que los estudiantes habrían sido separados en grupos que tomaron rumbo hacia distintas direcciones, aún no se cuenta con una narrativa que explique integralmente lo sucedido.

Es plausible que este gobierno no acuda a la construcción mentirosa de supuestas verdades; sin embargo, sólo reconstruyendo el modus operandi de los perpetradores, nos acercaremos al conocimiento del paradero final de todos los estudiantes.

Ayotzinapa representa una lucha histórica en nuestro país. Las 43 familias son expresión viva de la reserva de dignidad que sostiene a un México adolorido que grita su negativa a la impunidad gestada desde el poder del Estado. Para un país con cientos de miles de víctimas y familias destrozadas por la violencia, si un caso como Ayotzinapa se resuelve en verdad y justicia, devolverá la esperanza a miles de personas que durante años han esperado en vano la resolución de sus casos. Pero también, si Ayotzinapa se queda en una experiencia de mera voluntad política discursiva, significará que la agenda en pos de un efectivo estado de derecho ha sido derrotada una vez más por la impunidad.