El responsable de la Agencia con Detenido de la Fiscalía Central de Investigación para el Delito de Homicidios, Ricardo Díaz Estrada, acusado de abuso sexual contra cinco mujeres, obtuvo un amparo que lo protege de la orden de aprehensión girada en su contra.

Un juez le otorgó la suspensión provisional que le permitió asistir ayer a la audiencia inicial programada en las salas orales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ubicadas en la calle Doctor Liceaga, sin temor a ser detenido.

La audiencia, sin embargo, se difirió para este jueves, debido a que la abogada Ana Katiria Suárez Castro, quien defendió a la saxofonista María Elena Ríos, bañada en ácido en Oxaca, dejó el cargo de defensora particular.

El nuevo litigante contratado por el funcionario pidió un día para conocer del expediente, pero la esperanza de que sea detenido se esfuma, porque cuenta con un amparo para mantenerse en impunidad.

Las dos servidoras públicas y tres pasantes de la institución confían en que las pruebas que se presenten durante la audiencia sean suficientes para que sea destituido y sancionado, y evitar que otras mujeres sean víctimas de abuso sexual.

De acuerdo con agentes de investigación, a algunas de sus víctimas les ordenaba comprarle botellas de tequila y exigía a uno de sus trabajadores, identificado como Sixto, que bebiera con él, y de no aceptar eran amenazados.

Las borracheras, señalaron, ocurrían principalmente en las noches, cuando Díaz Estrada invitaba a subordinados a alcoholizarse junto con él, y después se quedaba dormido en sillas o sillones de la misma Fiscalía de Homicidios.

Ingerir bebidas alcohólicas dentro de una dependencia es una falta administrativa y la sanción es disciplinaria, primero amonestación y luego suspensión sin goce de sueldo, pero tras casi dos décadas como servidor público, no ha sido sancionado, señalaron.

La orden de aprehensión en su contra es por hacer tocamientos en sus partes íntimas a las víctimas frente a otros trabajadores dentro de la fiscalía, y al mismo tiempo les exigía sostener relaciones sexuales con la amenaza de cambiarlas a áreas lejanas a su domicilio, despedirlas o iniciarles una investigación en la Fiscalía de Servidores Públicos.