El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) sostuvo que los principales beneficiarios de la ley de amnistía deben ser las personas originarias de comunidades indígenas que han sido detenidas, ya que en muchos casos no contaron con servicios de traducción a su lengua ni recibieron una defensa adecuada. En cárceles federales, la dependencia estima que hay 8 mil personas detenidas y que son originarias de pue-blos indígenas.

Adelfo Regino Montes, director general del INPI, explicó que no hay aún un registro de cuántos casos similares hay en penales estatales, pero afirmó que la cifra aumenta exponencialmente.

Nosotros apoyamos de manera específica a aquellas personas que por diversas razones han sido encarceladas, y si está justificado, se busca su excarcelación. Este tema es importante ahora con la ley de amnistía y que una de las hipótesis normativas que rige la ley, es que si una persona indígena no tuvo una defensa adecuada, traducción o interpretación, podrá invocarla para lograr su libertad, indicó ayer al participar en la conferencia de prensa diaria de programas del Bienestar.

Una de las finalidades del instituto, expuso, es impulsar el reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, en lugar de objetos de atención o, en el mejor de los casos, sujetos pasivos, como se asumió en administraciones pasadas.

Durante la presentación del programa institucional 2020-2024, el funcionario federal agregó que artesanas de Amealco, Querétaro, de donde es originaria la tradicional muñeca indígena, pidieron promover el reconocimiento de esta creación artística para tener una protección legal de la propiedad intelectual, ya que hay el riesgo de que pueda ser plagiada. Al respecto, aseguró que el compromiso del INPI es apoyar dicha actividad.