n estudio de la organización no gubernamental Oxfam reveló que varias naciones ricas, que representan apenas 13 por ciento de la población mundial, ya acapararon más de la mitad de los suministros de las cinco principales vacunas contra el Covid-19 que se encuentran en la última fase de pruebas antes de su distribución masiva.
Estados Unidos, Reino Unido, los integrantes de la Unión Europea, Japón, Suiza e Israel, así como las regiones autónomas chinas de Hong Kong y Macao, ya cerraron tratos que les aseguran recibir 2 mil 700 de los 5 mil 300 millones de dosis ofreceidas por AstraZeneca, Gamaleya/ Sputnik, Moderna, Pfizer y Sinovac. En el caso de Moderna, ciento por ciento de sus opciones de compra fue colocado en las naciones opulentas.
Esta situación redita lo ocurrido con suministros médicos esenciales entre marzo y abril, cuando la expansión internacional del coronavirus tomó por sorpresa a los sistemas de salud de todo el mundo y generó una aguda, aunque temporal, escasez de dichos bienes. En ese contexto, algunos países ricos echaron mano de su poder económico, así como del político y militar, para asegurarse las existencias de materiales sanitarios –desde mascarillas y medicamentos hasta pruebas médicas y respiradores–, a expensas de naciones que pudieran tener una mayor necesidad objetiva de estos insumos.
Entre las prácticas cuestionables e incluso francamente ilegales a las que recurrieron varios estados se cuentan la confiscación de cargamentos en tránsito por sus territorios, prohibiciones a la exportación, compras de lotes enteros e incluso de productos futuros, operaciones de compraventa a través de canales extraoficiales y otras.
En conjunto, la actitud de las llamadas naciones desarrolladas
ante la escasez de suministros, y ahora ante unas inoculaciones cuya eficacia ni siquiera se encuentra probada, muestra que en el modelo económico vigente las crisis no sólo no dan paso a una conciencia solidaria y humanista que permita reducir las desigualdades, sino que llevan a la ampliación de éstas en cuestiones tan vitales como el combate a la mayor emergencia en lo que va del siglo.
Dicha actitud, además de ser deleznable, resulta notoriamente irracional, pues a es-tas alturas es de conocimiento público que los estragos sanitarios y económicos de la pandemia sólo podrán revertirse cuando todos los ciudadanos del planeta estén a salvo, por lo que toda solución local será, en el mejor de los casos, un paliativo; y en el peor, un autoengaño.
En suma, el sistema económico dominante vive en una permanente bancarrota ética, observable en el conjunto de la vida cotidiana, pero particularmente expuesta en momentos de crisis como el actual.
Así lo confirma el que decisiones de vida o muerte como el acceso a una vacuna no sean tomadas de acuerdo con parámetros científicos –por ejemplo, la determinación de los grupos más vulnerables y la susceptibilidad de cada población nacional a desarrollar cuadros graves de la enfermedad–, sino a partir de un criterio tan obsceno como el poder de compra de los contendientes en una puja.
