Para blindar los comicios del próximo año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede colaborar con el Instituto Nacional Electoral (INE) en cualquier tipo de procedimiento de fiscalización o de detección de riesgo de algunas personas vinculadas con partidos políticos o candidaturas, aseguró el titular de la UIF Santiago Nieto Castillo en el foro internacional El derecho a la información en la era digital y la protección de otros derechos humanos, organizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México (Info).

He platicado con el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova y la UIF está en la disposición de poder colaborar en cualquier tipo de procedimiento de fiscalización o detección de riesgo pero, por supuesto, sólo si hay una solicitud por parte del INE, para respetar la autonomía de ese órgano constitucional.

Nieto Castillo refirió que se debe pensar en la integridad del proceso electoral con acciones para combatir los efectos negativos que se viven en los comicios y que, en muchas ocasiones, son metaelectorales.

No debemos sobrecargar a instituciones como el INE o los institutos locales, sino debemos entender que parte de la problemática actual del modelo de la democracia pasa por problemas que son metaelectorales, y me refiero a la corrupción o a la presencia del narcotráfico en las campañas.

Dijo que el ataque a este tipo de prácticas es un tema que no se puede encargar de forma directa o única a las autoridades electorales, porque implica cuestiones de seguridad, de prevención del delito, de procuración e impartición de justicia.

El funcionario refirió que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, la UIF, así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deben colaborar con las autoridades electorales para un mejor desempeño de sus actividades.

El titular de la UIF destacó que la corrupción que impacta en la materia comicial se da en tres vías: cuando los empresarios financian campañas electorales para contrataciones futuras; cuando se desvían fondos, bienes o servicios federales, estatales o municipales para los procesos, y cuando los grupos de la delincuencia organizada financian a los candidatos para tener el control territorial, sobre todo en los ámbitos municipales.

Esas problemáticas, vinculadas con la corrupción, vinculadas con la delincuencia organizada, no pueden enfrentarse solamente desde la autoridad electoral, sino que es necesario que el Estado mexicano tenga una política criminal de combate a este tipo de conductas, y eso incluye la parte de seguridad, de prevención del delito, de procuración e impartición de justicia y la parte relacionada con la ejecución de penas, destacó.