La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso endurecer las penas por el delito de corrupción contra servidores públicos de alta jerarquía, desde directores generales hasta la persona titular de la Jefatura de Gobierno, diputados locales, alcaldes y concejales.

La mandataria envió una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para reformar el Código Penal local para que no prescriba el delito de corrupción cometido por servidores públicos en la capital del país.

Propone el aumento de un tercio de la pena cuando el delito de corrupción sea cometido a gran escala por servidores públicos que tengan cargo de director general, similar, de mayor jerarquía o aquellos que obtengan su cargo por voto popular o plurinominal.

En la actualidad, los delitos de corrupción tipificados en el Código Penal son ejercicio ilegal y abandono del servicio público, abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza, de atribuciones y facultades, intimidación, tráfico de influencias, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones, remuneración ilícita, evasión de presos y malversación de recursos o deuda pública.

No se trata de una propuesta innecesaria ni desproporcionada, sino apegada a derecho y en beneficio de las víctimas directas, de las instituciones y de la sociedad, es decir, un bienestar general apegado a la rectoría del ejercicio de la función pública con ética, austeridad, transparencia, responsabilidad, así como la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, se lee en la iniciativa.

La titular del Ejecutivo local justificó su reforma con base en estadísticas oficiales de 2017 que refieren que 14.6 por ciento de la población de 18 años y más que tuvo contacto con algún servidor público sufrió algún acto de corrupción, y es la Ciudad de México la de mayor porcentaje de víctimas, con 20.1 por ciento.

Si bien una de las formas para combatir la corrupción es mediante la denuncia, 82.6 por ciento de la población a nivel nacional que sufrió algún acto de corrupción no denunció el delito.

En el documento, Sheinbaum refiere que los actos de corrupción merman el desarrollo adecuado y la credibilidad de las instituciones, desalienta la inversión, disminuye la calidad de vida y propicia la inseguridad.

Abundó que la iniciativa pondera y protege los derechos de las víctimas del delito, al combatir la impunidad mediante acciones de cero tolerancia a la corrupción, y priorizar el tejido social, la integridad de las instituciones y el fortalecimiento de la democracia.