on el decidido y entusiasta apoyo del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard en la conferencia mañanera del pasado 30 de abril, la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) –abierto think thank promotor de reformas sanitarias neoliberales pro mercado– se solidarizó con el gobierno federal en su lucha con-tra el Covid-19 instrumentando la iniciativa Juntos por la Salud que suministra equipo de protección a los profesionales de la salud ( kits) que atienden directamente la pandemia del Covid-19 y en el que participan 750 empresarios agrupados en 27 comités estatales, así como universidades privadas (Guillermo Torre/TecSalud), públicas (Germán Fajardo/Facultad de Medicina, UNAM) y Fundación BBVA/Bancomer.

La iniciativa reunió 900 millones de pesos para comprar kits que serán distribuidos en 24 entidades federativas y 51 hospitales. Héctor Valle, de Funsalud, comunicó que, además, se apoyará con donativos como transporte, hospedaje (Grupo Posadas, City Express) y alimentación (Nestlé).

Durante los pasados 23 años del periodo neoliberal, el mediático altruismo de la fundación Teletón justo correspondió con la premeditada estrategia tecnocrática para desfinanciar estratégicamente el sector salud. Pero en la conferencia mañanera del 12 de mayo pasado, el titular de Relaciones Exteriores facilitó la firma de un convenio que permite utilizar sus 23 instalaciones reconvertidas de primer nivel –en toda la República– para atender la pandemia, de acuerdo con las prioridades que marque cada gobierno estatal, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, IMSS, Issste, Insabi y Ssa.

Según Ebrard, esos 23 centros que disponen de la infraestructura, el equipo y el personal van también a contribuir para atender la emergencia en Coahuila, Chiapas, Durango, estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Sonora, Veracruz, Baja California Sur, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Ciudad Nezahualcóyotl.

Es claro que el canciller no está suficientemente informado de los actores que generaron la devastación sectorialy que exigieron que la 4T active hoy modificaciones constitucionales que garantizan el derecho a la salud.

La historia parece repetirse. Después del periodo 2000-2005 en el que López Obrador gobernó la hoy Ciudad de México, el actual canciller asumió el mismo cargo y, lamentablemente, designó como secretario de Salud (Sedesa) al doctor Armando Ahued, quien se mantuvo en el cargo 10 tristes años (2008-2018)

¿Saldo? El peor nivel de devastación sanitaria y precarización laboral den-tro de los largos 23 años que los gobiernos de izquierda se han preservado en el gobierno de la capital de la República: Cárdenas, López Obrador, Ebrard y Sheinbaum.

El extinto Seguro Popular generó que los profesionales no basificados en Sedesa se convirtieran en trabajadores irregulares/precarios. Se integraron a los equipos de salud con contratos temporales de corta duración, alto riesgo de despido, marco laboral flexible, bajas remuneraciones, carencia de organización colectiva y sin prestaciones de seguridad social: apenas una derechohabiencia –tipo Seguro Popular– al Issste. Esa precariedad fue promovida por Armando Ahued, argumentando que las contrataciones por honorarios no tienen derechos.

Los profesionales eran tratados casi como esclavos y de segunda. Sus superiores comunicaban: “por tu tipo de contrato: ‘estabilidad laboral’ careces de derechos”. Desconocemos su número exacto: pudieran ser 10 mil: 7 mil 500 de estabilidad laboral en hospitales y 2 mil 500 regularizados en centros de salud. Son más de la mitad de la plantilla en centros y hospitales. Aunque hay extremos graves: en los hospitales de Tláhuac y Ajusco Medio superan 90 por ciento. Se les comisiona para tareas no contempladas en su contratación, modificando sus actividades siguiendo instruccio-nes superiores porque responde a necesidades del servicio. Con Armando Ahued hubo represión para los inconformes: los ubicaron en listas negras para sobresupervisarlos, presionarlos, acosarlos y despedirlos.

Gracias a Ahued, comparados con los de base, carecen de pensiones, fondo de ahorro, vivienda, licencia médica y pensión para el retiro, aunque realicen las mismas funciones y enfrenten los mismos riesgos y responsabilidades. ¿Qué recibieron los familiares de los trabajadores de estabilidad laboral fallecidos en el hospital Cuajimalpa? ¡un bono y un pago bancario de nómina. No las prestaciones de ley. Hay de estabilidad con 14 años de antigüedad, contratos anticonstitucionales, sin nómina formal y seguridad social. Con el respaldo de Ahued se atacó y buscó disminuir sus derechos para organizarse y defenderse.

Hoy por hoy, Marcelo Ebrard está obligado a pisar tierra firme en materia de salud y seguridad social en la Cuarta Transformación (4T). Funsalud y la fundación Teletón no son ajenas a la devastación sectorial que heredó esa 4T y que él integra. Amparándose en la urgencia que representa la epidemia de Covid-19 pretende, acaso, ¿borrar de un plumazo ese pasado?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco