El Poder Judicial ordenó al Congreso del estado de Baja California Sur revocar el juicio político que destituyó a cinco diputados y amonestó a otros tres, la mayoría de la bancada de Morena, el 22 de agosto pasado, informó el gobernador Carlos Mendoza Davis.

En conferencia de prensa, legisladores de Morena y del Partido del Trabajo (PT) dieron a conocer que acatarán la instrucción del juzgado segundo de distrito para dejar sin efectos la sentencia del juicio político.

El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Ramiro Ruiz Flores, señaló que la oficialía de partes del Congreso local recibió el jueves a las 15 horas una resolución de dicho juzgado, en la que se pide a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia e Instructora hacer las gestiones para que el pleno revoque la sentencia del juicio político.

Asimismo, Humberto Arce Cordero, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, dijo que el juez instruyó que se iniciaran las gestiones para la revocación de la sentencia en un plazo de 24 horas, por lo que acatarán el resolutivo, según el cual la suspensión provisional que se otorgó a los diputados sancionados tiene vigencia desde el momento en que es emitida y no hasta que es notificada.

Aclaró que los asambleístas de Morena y sus aliados no incurrieron en desacato porque recibieron la notificación de la suspensión provisional otorgada a los enjuiciados después del 22 de agosto, fecha en que se aplicó el juicio político y se emitió la sentencia.

Al respecto, el mandatario Carlos Mendoza escribió en su cuenta de Twitter que los demócratas juramos cumplir y hacer cumplir las leyes y solicitó que se acate esta resolución de inmediato y se reponga urgentemente la sesión para aprobar el financiamiento de la planta desaladora de Los Cabos, fundamentándose en la legislación vigente.

Sobreseen juicio en Colima

En tanto, el Tribunal Electoral de de Colima por unanimidad sobreseyó en definitiva un juicio para la defensa de los derechos políticos que presentaron legisladores de Morena y del PT en el Congreso, quienes interpusieron un recurso porque consideraron que sus derechos fueron violados al impedirles ingresar al recinto de las oficinas del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, en la sesión donde se votó para autorizar un crédito al poder ejecutivo por 740 millones de pesos en julio pasado.