El huachicol verde el crimen organizado

La detención de José Antonio Yépez, El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato y varios estados limítrofes es un hito en la lucha contra la inseguridad en México. Esta organización criminal se ha convertido en un Estado dentro del Estado. Las masacres, sin hacer distingo de personas, ni siquiera niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, los incendios de locales comerciales, casas habitación, vehículos; los robos, no hormiga, sino mamut de vagones completos de ferrocarril, todo esto lo opera como extensiones criminales del principal negocio delictivo; el huachicoleo de combustible de la refinería de PEMEX en Salamanca. A tanto llegaba el poderío de esta organización encabezada por El Marro, que lograron la casi inmediata liberación de la madre de éste, quien había sido detenida en un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales el 21 de junio.

¿Cómo se llegó a este estado de cosas, a esta dualidad de poder que parece está viviendo el principio de su fin?

Varios diagnósticos coinciden en lo mismo: las autoridades dejaron crecer al cártel de Santa Rosa de Lima. Hubo omisiones cómplices que permitieron que este poderoso grupo de la delincuencia organizada se consolidara en el robo del combustible y luego diversificara sus actividades delictivas a muy diversos rubros hasta llegar a construir una importante base social de sicarios, vendedores, consumidores, adictos, halcones, saqueadores de trenes, etc., etc., que ahora lo hace disputarle el control del territorio de las principales ciudades guanajuatenses al gobierno y convierten en un baño de sangre cualquier intento de las fuerzas del orden por detener a sus miembros o incautarles mercancía. El propio presidente López Obrador criticó la pasividad de las autoridades guanajuatenses y pidió se investigue el por qué se liberó con tanta facilidad a la madre de El Marro.

Pero varias partes de la República pueden ser muy pronto una reedición del horror que hoy vive Guanajuato. Porque, si en el Bajío hay un intenso huachicoleo de combustibles, en muchas de las zonas montañosas del país lo que se huachicolea son pinos, encinos, madera, el bosque entero. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: “… hay 122 zonas forestales críticas en el país. Tan sólo Aguascalientes, Colima, Nayarit y Tabasco no tienen crisis forestal…el promedio anual de deforestación 2016 y 2018 fue de 281 mil hectáreas, casi 100 mil más que el promedio anual registrado entre 2010 y 2015.” (Nota de Angélica Enciso en La Jornada, 14 de julio de 2020)

El problema que se vive en varias de estas zonas por la tala clandestina que lleva a cabo el crimen organizado, no alcanza las proporciones de lo que sucede en Guanajuato, pero va a llegar allá muy pronto porque ya se están dando algunos de los factores que llevaron al infierno del Bajío. Tomemos como ejemplo el caso de la Sierra de Chihuahua para ilustrar la operación de algunos de dichos factores:

Control del territorio por parte de organizaciones criminales: en Guanajuato domina el Cártel Santa Rosa de Lima y rechaza la entrada del Cártel Jalisco Nueva Generación. En la sierra de Chihuahua, aunque grosso modo se puede decir que el Cártel de Sinaloa domina la parte sur y el de Juárez, la zona de Madera, las ramificaciones de uno y de otro se disputan palmo a palmo todo el territorio. En otros estados son otros grupos criminales.

Combinación del narcotráfico con otra actividad delictiva principal. En Guanajuato, el cártel de Santa Rosa de Lima tiene como su actividad delictiva principal el huachicoleo del combustible. Eso lo hizo fuerte, pero también se dedica al narcotráfico. En la sierra de Chihuahua, los cárteles se dedican al cultivo y trasiego de drogas, mariguana y amapola, pero han encontrado muy rentable también la tala de los bosques, de los cuales ya lleva arrasadas más de 25 mil hectáreas. Manejan aserraderos clandestinos, transportes robados o semisecuestrados, venden madera a precio muy bajo, sobornan o amenazan inspectores.

Construcción de bases sociales con la población. Como en Guanajuato, los cárteles que opera en la sierra de Chihuahua han construido una base social muy amplia, ya sea cooptando, ya sea amenazando a segmentos importantes de la población serrana. Reclutan, casi como leva, a jóvenes serranos, amenazan a ejidatarios e indígenas, obligan a camioneros, pagan a aserradores. Así, la población involucrada en el negocio, voluntariamente o a fuerzas se va ampliando, lo que les brinda un cómodo espacio social de protección a los criminales.

Falta de coordinación estratégica en el combate. Hasta la reciente visita de López Obrador a Guanajuato es que se establece ya un acuerdo para combatir coordinadamente a la delincuencia en ese estado.

Antes de eso cada orden de gobierno iba por su lado, para beneplácito de los delincuentes. Eso mismo sucede en otras partes de la República. Las organizaciones criminales aprovechan los vacíos de poder para controlar el territorio y cometer todo tipo de delitos. Se requieren acuerdos y formas efectivas y evaluables de colaboración entre los gobiernos federal, estatal y municipales, para ir acotando y sofocando a la delincuencia. Esto es mucho más urgente en la Sierra de Chihuahua por su inaccesibilidad y lejanía de los centros de poder.

Son precisamente la lejanía, la dispersión y el aislamiento de nuestras poblaciones serranas lo que exige una presencia de Estado en todas sus formas: coordinada, eficaz, contundente, para salvar a la población del terror y garantizar el goce de sus derechos básicos. Ojalá que la captura de El Marro sea un parteaguas que inicie una nueva etapa de coordinación de fuerzas de todos los órdenes de gobierno y a la vez, una clara señal para que las organizaciones criminales terminen con el terror y la devastación de la naturaleza que ejercen sobre la población en las zonas más vulnerables del país. •