La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México solicitó 57 años de prisión para Mónica García Villegas, quien fuera dueña y directora del colegio Enrique Rébsamen, al Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial local, el cual emitió de forma colectiva y unánime un fallo condenatorio, es decir, declaró culpable a la mujer por homicidio culposo y de responsabilidad de obra después de juzgarla por la muerte de 19 niños y siete adultos al colapsar uno de los edificios de la institución educativa.

En un comunicado, la fiscalía señaló que las pruebas presentadas durante el proceso fueron contundentes para establecer que la mujer –conocida como miss Moni– fue omisa al no atender las disposiciones establecidas en el Reglamento de Construcciones y la Ley de Desarrollo Urbano, ambas para el entonces Distrito Federal, por lo que puso en riesgo a toda la comunidad educativa de la escuela, que colapsó en el sismo del 19 de septiembre de 2017.

La representación social de la FGJ pidió 52 años de prisión por homicidio culposo, al tener calidad garante de las vidas de todos los que conformaban la comunidad educativa, además de cinco años por el delito de responsabilidad del director responsable de obra (DRO) o corresponsables, bajo la hipótesis de propietaria.

El próximo lunes empezarán las audiencias, previstas de lunes a viernes, de individualización de la pena en la que se fijará la sentencia que deberá cumplir la mujer, así como el monto que tendrá que desembolsar para cubrir la reparación integral del daño a los familiares de las 26 víctimas.

No respetó reglamentos

La FGJ aseguró que debido a las fallas estructurales que presentaba el inmueble habilitado como colegio privado en la colonia Nueva Oriental Coapa, en Tlalpan, se derrumbó la parte destinada al área administrativa, lo que ocasionó la muerte de 26 personas.

La mujer, aun cuando tenía pleno conocimiento de que su conducta estaba prohibida, no respetó las normas de construcción en cuanto al número de niveles ni la licencia para el tipo de uso de suelo autorizado en la zona, lo que puso en riesgo a la comunidad educativa que le correspondía proteger, señaló la FGJ al referir que el Ministerio Público presentó los datos de prueba reunidos en la indagatoria con la colaboración permanente de padres de familia.

Insistió en que la inculpada omitió atender las disposiciones establecidas en el reglamento y en la Ley de Desarrollo Urbano locales, a pesar de que era no sólo la directora, sino que también fungía como dueña mayoritaria y administradora de las sociedades civiles que constituían la empresa, la cual brindaba el servicio educativo particular desde nivel prescolar hasta secundaria.