Un borrador del proyecto de dictamen de la Ley General de Aguas de la Comisión de Recursos Hidráulicos del 13 de septiembre incluye en materia de concesiones el mismo texto de la actual Ley de Aguas Nacionales. Se mantienen los plazos de concesión a 30 años, sin tomar en cuenta los escenarios de cambio climático a 2050 ni la disponibilidad real del líquido, consideraron integrantes del grupo de redacción del documento.

En un chequeo de la legislación vigente y del borrador que circula entre integrantes del grupo redactor, se observó que en este rubro sólo se copió y pegó el texto, con ligeros cambios, como en el artículo sobre el orden de prelación del agua, donde además del uso doméstico y el uso público urbano, se incluyen las concesiones y asignaciones para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, (que) siempre serán preferentes sobre cualquier otro uso o usuario.

La iniciativa ciudadana del recurso, impulsada por la Coordinadora Agua para Todos, plantea que las concesiones y asignaciones del líquido a los grandes usuarios sean por dos años y en el primer borrador del dictamen de la comisión se plantea que sean de cinco a 10 años o hasta 20 años para uso doméstico, y cinco años en el caso de la industria.

Uno de los cuestionamientos que expertos y organizaciones, como la Coordinadora, han hecho a la legislación en materia de concesiones es que ha propiciado el acaparamiento en el recurso, ya que estiman que 2 por ciento de los grandes usuarios del agricultura concentra 60 por ciento del líquido.

Se inspecciona 2% de las concesiones

El primero proyecto de la Ley General de Aguas que circuló en agosto, en su exposición de motivos reconoce que en el país hay una creciente preocupación en torno al otorgamiento, control y vigilancia de los títulos de concesión y asignación del recurso. Diversos estudios señalan que el volumen extraído es mayor al volumen concesionado o reportado, lo cual provoca daños graves a los usuarios, a los ecosistemas hídricos, así como una estructura de corrupción e impunidad en torno al aprovechamiento ilegal del agua.

Agrega que se realizan inspecciones solamente en alrededor de 2 por ciento de las concesiones y no se cuenta con mecanismos efectivos para monitorear lo que sucede en las demás, lo cual ha permitido que los abusos sean extensivos.