Caracas. En un informe plagado de falsedades, de acuerdo con el gobierno de Venezuela, la Organización de Naciones Unidas (ONU) acusó ayer al presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios de posibles crímenes de lesa humanidad.

Dadas las restricciones a los viajes por el Covid-19, los autores del informe no viajaron a la república bolivariana y sustentaron sus afirmaciones en entrevistas que hicieron vía remota.

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, subrayó el desconocimiento del dictamen emitido por la misión de la ONU. Un informe elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington, ilustra la práctica perversa de hacer política con los derechos humanos y no política de derechos humanos, tuiteó.

Arreaza rechazó las pretensiones de sabotear las relaciones entre Caracas y la oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

Desde el 2 de diciembre de 2019 hemos afirmado que no reconocemos ningún mecanismo politizado e inquisidor creado con fines ideológicos por países con pésimos reportes en materia de derechos humanos, para agredir a Venezuela y tratar de dañar la relación con la oficina de la alta comisionada, indicó el canciller.

Reiteró que la cooperación de Venezuela con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se genera de manera coordinada y constructiva con el despacho de la funcionaria. Los avances han sido notorios y así lo ha reconocido Bachelet al anunciar la renovación de nuestra relación, afirmó Arreaza.

La misión de la ONU “encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas ejecuciones y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad”, señaló la presidenta de la misión, Marta Valiñas.

Otro miembro declaró que los investigadores encontraron evidencias de que Maduro ordenó algunas veces personalmente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional a quién vigilar y detener.