El secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Jaime Valls Esponda, reconoció el esfuerzo por crear una nueva ley general de educación superior, pero resaltó que en el proyecto legislativo que está a discusión falta precisar de qué manera se logrará el financiamiento y en cuánto tiempo, para que la educación se otorgue de manera gratuita en las universidades públicas.

Resaltó que ese es un tema que las instituciones requieren conocer con certeza, al participar en el foro Construyendo la nueva legislación para la educación superior, organizado por el Senado, e insistió en que ese asunto ya lo han hecho saber a los legisladores.

Rectores, catedráticos y especialistas coincidieron en que esa es la cuestión más relevante, junto con la transparencia y la autonomía universitaria.

El presidente de la Comisión de Educación, Rubén Rocha Moya, señaló en su intervención que hay universidades con severas dificultades económicas, por lo que desde la ley se debe trazar la estrategia para resolver de fondo el tema del financiamiento.

Durante su intervención, Valls Esponda reconoció el esfuerzo de los legisladores por este nuevo marco jurídico normativo que tiene la visión de fortalecer los procesos de evaluación, la autonomía y educación superior del país.

No obstante, recomendó a los legisladores depurar la redacción de la iniciativa para que sea más precisa, así como que se revise la extensión de algunos artículos, a fin de evitar que algunos temas se retiren, como el de becas y servicio social, dado que ya están regulados en otras normatividades y podría limitarse su ejecución.

El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Eduardo Peñalosa, sostuvo que el financiamiento debe ser considerado como una de las prioridades del Estado, para asegurar que se cumpla cabalmente el derecho de las personas para contar con educación superior y ello bajo un ejercicio transparente y responsable.

A su vez, el investigar Axel Didriksson comentó que el modelo híbrido para la educación superior debe ser considerado dentro de la legislación sin afectar la autonomía de las instituciones.

Alejandro Javier Zermeño, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, exhortó a los legisladores a aclarar que la gratuidad se establecerá de manera gradual y entrará en vigor hasta 2022, para que la comunidad conozca el proceso de su implementación.