El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los familiares de los trabajadores que fallecieron en la explosión de la mina Pasta de Conchos, Coahuila, en febrero de 2006, a iniciar de inmediato el rescate de los 63 cuerpos que quedaron atrapados en ese lugar.

Integrantes del colectivo Familia Pasta de Conchos fueron recibidos por el mandatario federal en Palacio Nacional. Tras la reunión, se firmó una minuta de ocho acuerdos, entre los que destaca que los trabajos para la recuperación de los restos –que se estima tendrán un costo de 75 millones de dólares– estarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Se pactó, además, que desde ayer mismo se iniciaría el proceso de reparación integral, tanto individual como colectiva, que incluye el pago de indemnizaciones a más tardar el 31 de diciembre de este año (de 3.7 millones de pesos para cada una de las 65 familias, de acuerdo con funcionarios que estuvieron presentes en la reunión) y la ejecución de obras públicas.

También se hará un homenaje a los mineros con la construcción de un monumento y se establecerá un diálogo para concretar un acuerdo de solución amistosa en apego a lo establecido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Otros acuerdos son que después de las elecciones del 18 de octubre, el mandatario visitará Nueva Rosita, en Coahuila, el 23, a fin de supervisar el avance en el cumplimiento de los compromisos pactados y que las familias dieron su consentimiento para que, una vez concluido el rescate, la CFE extraiga el carbón para autoabastecimiento en la parte de la mina que Grupo México cedió al gobierno federal.

Horas después del encuentro con el Presidente, representantes de la Familia Pasta de Conchos ofrecieron una conferencia de prensa en la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la que agradecieron la disposición de López Obrador para la recuperación de los cuerpos y para la reparación integral del daño. Agregaron que el rescate se puede concretar en cuatro años, pero que el mandatario prometió que sería antes.

El 19 de febrero de 2006, durante el gobierno de Vicente Fox, una explosión en la mina –operada por Grupo México, de Germán Larrea– causó la muerte de 65 trabajadores. Sólo se recuperaron los restos de dos y desde entonces las familias han exigido el rescate de los demás. Las administraciones de Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto nunca dieron respuestas ni esperanza.

Ayer, tras más de 14 años y medio de reclamos, finalmente consiguieron el compromiso de un mandatario federal para sacarlos y recibir el apoyo correspondiente como víctimas.

Hace un par de semanas, López Obrador se reunió con el otro grupo de deudos, pues en este largo proceso hubo una escisión entre las familias. Los acuerdos alcanzados ayer, señalaron funcionarios federales consultados, benefician a ambas organizaciones.

El gobierno federal informó que corresponderá atender estos pactos a las secretarías de Gobernación, del Trabajo y Previsión Social, a la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como a la CFE.

En la reunión estuvieron presentes Olga Sánchez Cordero (SG), Luisa María Alcalde (STPS), Manuel Bartlett (CFE) y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, entre otros funcionarios, quienes en entrevistas o por Twitter dieron a conocer los acuerdos.