na transformación a fondo del Estado mexicano, tal como se decidió por la mayoría del pueblo en un proceso democrático impecable, no puede limitarse a cambios en el Poder Ejecutivo; son necesarias transformaciones a fondo en los tres poderes. Se requieren modificaciones impulsadas por los servidores públicos electos, con la participación y vigilancia del pueblo soberano, pero no en todas las áreas de nuestra vida política se avanza en forma idéntica; los poderes Ejecutivo y Judicial han emprendido ya acciones encaminadas a cambios profundos pero, en mi opinión, el Poder Legislativo mantiene fórmulas y vicios del antiguo régimen.
Los avances en el Ejecutivo están a la vista. El énfasis se ha puesto en la vía pacífica, el convencimiento y en el estado de derecho; se combate la corrupción y no hay represión; se respetan los derechos humanos y, especialmente, los de opinión y participación en reuniones políticas y manifestaciones públicas.
En la entrevista que el presidente López Obrador dio a periodistas de La Jornada, publicada el lunes anterior, se puede apreciar con precisión el estado del cambio. Constan en ella las decisiones del mandatario y se analizan los primeros resultados; no hay corrupción, no se reprime, los programas sociales, elevados a nivel constitucional, mantienen viva la economía popular, hay obra pública que no se ha detenido pese al Covid-19, se aumentó sustancialmente el salario mínimo y no se incrementa la deuda pública con nuevos empréstitos.
El Poder Judicial impulsó una iniciativa de reforma a diversos artículos constitucionales para sentar las bases de una transformación profunda de este poder; el proyecto, con el cual se solidarizó el titular del Ejecutivo, incluye modificaciones a la Constitución y a diversas leyes de la materia, va a fondo, reafirma la autonomía del Poder Judicial, corrige viejos vicios y pugna por la modernización del sistema de justicia; el proyecto en proceso legislativo se acompaña en la práctica por acciones concretas en favor de la paridad de género en los cargos de jueces y magistrados, el combate al nepotismo incrustado en el sistema e impulsa la capacitación de los servidores públicos de este poder.
Mientras, en el Poder Legislativo se conservan prácticas contrarias a los principios que deben regir al Congreso y se cometen fallas y equívocos. Me consta, que antes de que se concluyera un proceso formalmente legislativo, para designar a un funcionario público, se dio a conocer el sentido de la votación aún no emitida. Recientemente, con motivo de la elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se hicieron evidentes las maniobras del paso de legisladores de una bancada partidista a otra, con fines puramente pragmáticos y sin modificación en las convicciones de los legisladores, si es que las tienen o las tuvieron.
No se le ha dado a este poder el alto valor moral que debe tener; ciertamente, no estamos en la época en que un partido oficial hacía y deshacía en las cámaras y los coordinadores, llamados pastores
, tenían en la curul un teléfono para recibir indicaciones y consignas o para consultar directamente con el titular del Ejecutivo, pero se conservan formas autoritarias que desconocen la igualdad de todos los legisladores, el valor de su opinión y de sus votos y se establecen jerarquías que ni la doctrina ni la ley que regula al parlamento admiten.
Hace años, en pleno apogeo del partido oficial, el constitucionalista Felipe Tena Ramírez escribió: El parlamento es cortesía, tolerancia, discusión política, tradición; es pues, sistema exótico en régimen de caudillaje
. Cincuenta años después, el principio de respeto a la opinión de los legisladores, el de igualdad entre ellos, el de libertad y respeto a las resoluciones mayoritarias continúan en entredicho y prevalecen cabildeos, resoluciones cupulares, las reuniones secretas y otros vicios que deben ser erradicados.
La Constitución de Apatzingán, promovida por Morelos, puso en primer lugar de los tres poderes al Supremo Congreso Mexicano
, el cual tenía la representatividad de la soberanía del pueblo; quedaban en segundo término el supremo gobierno y el supremo tribunal de justicia, a los que esta carta ejemplar, verdadera acta de nacimiento del México independiente, no les confería la representación de la soberanía.
Siguiendo esa tradición, la Constitución vigente, en el artículo 49, con el que se inicia el capítulo de la división de poderes, al enumerar a los que integran el supremo poder de la Federación, pone en primer lugar, antes del Ejecutivo y del Judicial, al Poder Legislativo. Diputados y Senadores deben tener muy claro que ellos son los representantes de la nación, no representan a sus estados o distritos ni a sus partidos ni son subordinados de sus gobernadores ni del presidente de la República. Los sujetos del Poder Legislativo, los protagonistas, son los legisladores en lo individual y no las fracciones parlamentarias.
