n las primeras horas del viernes recién pasado se produjeron varios actos violatorios de derechos humanos en el estado de México. No es que en esta demarcación sea inusual la realización de esas violaciones (por definición, provenientes de abuso de poder de las autoridades); en realidad son frecuentes, casi institucionalizadas, hora tras hora en esa entidad federativa de injusticia cotidiana.

La peculiaridad de este caso es tan lamentable como la poca difusión que a fin de cuentas ha recibido. Resulta que quienes horas atrás habían tomado las oficinas de la visitaduría regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codehm), en protesta por la violencia contra las mujeres y la virtual impunidad sistemática de esos hechos, sufrieron un violento desalojo por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado de México, que dijo haber actuado a petición de la Codehm, aunque el titular de esta comisión, Jorge Olvera García, trató de diluir su grado de responsabilidad, al aducir que sólo había pedido medidas precautorias a la fiscalía estatal. Olvera García, por cierto, fue rector de la Universidad Autónoma del Estado de México y su nombre es uno de los señalados como artífices de maniobras corruptas en el esquema conocido como Es-tafa maestra.

A diferencia de lo que ha sucedido en la Ciudad de México, donde un grupo de mujeres mantiene tomadas las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin que Rosario Piedra pida medidas precautorias o se produzca alguna incursión policiaca violenta, en el estado de México se ordenó el inmediato desalojo de quienes se sumaban a la protesta en la capital del país y pretendían exponer la crítica situación de las mujeres en esa entidad.

En el desalojo hubo golpes, amenazas y maltrato en general y, luego de que las personas involucradas en la toma de Ecatepec fueron llevadas a un centro de justicia en Atizapán, continuó la agresión contra familiares y activistas que deseaban conocer la situación de las detenidas y también contra unas 15 periodistas que tomaban fotografías, videos y notas de lo que acontecía. Les lanzaron palos, piedras, bancas de metal, equipo para extinguir incendios, insultos y amenazas. Periodistas que a bordo de un vehículo se movían del lugar fueron atacados por policías que con armas largas rompieron vidrios del automóvil.

Pero, a pesar de todo (con el desgobernador Alfredo del Mazo jugando a Poncio Pilatos), en esa entidad se pretende que el paso del tiempo haga olvidar las violaciones a los derechos humanos y la comisión de delitos por parte de policías de la fiscalía a cargo de Alejandro Gómez Sánchez. El diputado morenista Julio Hernández Ramírez aseguró que en el estado de México hay más de 7 mil 500 personas desaparecidas, más de 80 feminicidios registrados este año y un aumento de 17 por ciento en las llamadas por violencia contra mujeres (http://bit.ly/2E0BvRq). También calificó lo sucedido como una vergüenza y cinismo para los mexiquenses.

Nueve días después de que le fue negado el registro al proyecto de partido México Libre, se produjo la primera manifestación presencial de rechazo a tal decisión. Fue un contingente representativo de la membresía de tal organización (alrededor de un centenar de personas, se pudo ver en un video divulgado por el propio grupo), según Margarita Zavala Gómez del Campo, lectora del discurso central de un acto realizado a la entrada del edificio central del Instituto Nacional Electoral, ante el cual se presentó un escrito de impugnación. La línea argumental desplegada ayer va directamente contra el presidente López Obrador. Zavala aseguró que desde Palacio Nacional se nos persigue porque pensamos distinto. Felipe Calderón, quien se llevó la atención periodística, aunque formalmente su esposa es la dirigente de la tentativa de partido, habló de una campaña de hostigamiento y persecución política desde la Presidencia de la República. ¡Hasta mañana!

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