Un total de 32 comisiones de Derechos Humanos del país rechazaron cualquier forma de criminalización hacia la legítima reacción social que visibiliza las condiciones de violencia extrema que viven día a día las niñas y las mujeres.

La violencia de género es un problema estructural en México que impacta de manera diferenciada a cada mujer en función de sus condiciones personales y colectivas, por lo que se reconoce su legítimo reclamo de justicia para erradicarla, señalaron.

El sistema nacional de protección no-jurisdiccional de los derechos humanos, dijeron, ha identificado patrones de violencia institucional a partir de la orientación, atención e investigación de los casos de violencia contra las mujeres por razón de género que recibe diariamente.

Ante ello, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, donde están agrupadas, exhortó a las autoridades a eliminar las prácticas institucionales que permiten que la violencia de género continúe y se arraigue en nuestra sociedad.

Sin hablar de la toma de instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por un grupo de colectivos feministas, reiteró la importancia de hacer uso del marco jurídico existente para la garantía del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

Así como a optar por procesos de diálogo y concertación con las víctimas para atender su reclamo y brindarles soluciones concretas, pues sólo mediante la reparación integral del daño se podrá transitar a un escenario de paz social y de erradicación de la violencia de género

La federación, encabezada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, manifestó la necesidad de consolidar la perspectiva de género en la formación de los servidores públicos, a fin de garantizar una interacción apegada al enfoque de derechos humanos.

Por otra parte, la CDH aclaró que nunca se realizó ninguna manifestación de colectivos feministas el pasado sábado en sus instalaciones, y reiteró su compromiso por la defensa y promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como el respeto al derecho a la manifestación y la protesta social.