El pasado viernes en la madrugada, un tribunal del estado de Puebla dejó en libertad a tres personas que estaban acusadas por la desaparición del luchador social Sergio Rivera Hernández, a pesar de la existencia de diversas pruebas que indicaban su culpabilidad, lo cual hace pensar que se trató de un fallo motivado no sólo por la ignorancia y el racismo del juez, sino también por corrupción.

Así lo indicó Karla Michel Salas, directora del organismo civil Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quien advirtió que tras la liberación de los acusados, las personas que testificaron contra ellos corren el riesgo de sufrir algún ataque en represlia.

En entrevista con La Jornada, la litigante recordó que Sergio Rivera –desaparecido el 23 de agosto de 2018– es un activista del municipio poblano de Zoquitlán, que formaba parte de la oposición contra un proyecto hidroeléctrico impulsado por la empresa Minera Autlán en la región de la Sierra Negra de Puebla.

Tras un proceso legal que se extendió por 10 meses, para juzgar a tres personas que fueron detenidas por su supuesta participación en el delito, el 11 de septiembre el titular del Tribunal de Enjuiciamiento de Tehuacán, Puebla, Mario Cortés Aldama, convocó a las partes a las 2:30 de la madrugada para dar a conocer que había resuelto la liberación de los acusados.

Luego de destacar lo inusual de la hora en la que citó para revelar su fallo, Salas denunció que el juzgador pasó por alto una serie de pruebas que indicaban la culpabilidad de los detenidos, entre ellas los dichos de diversos testigos presenciales que los vieron llevarse a Rivera, audios en donde se amenazaba de muerte al activista y un peritaje antropológico de contexto.

La abogada recordó que el juez buscó desacreditar a los testigos de la desaparición por el hecho de no hablar español e incluso llegó a negar la existencia de un conflicto socioambiental por el proyecto hidroeléctrico, y anunció que impugnarán el fallo de Cortés Aldama.

Me queda claro que este delincuente togado es un tipo ignorante que demostró una absoluta ineficacia para juzgar casos de desaparición, pero también hay una fuerte presunción de corrupción, por lo que acudiremos a una instancia federal en donde sabemos que las violaciones cometidas por él llevarán a la revocación de la sentencia.