Organizaciones ciudadanas demandaron en el Senado una nueva reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, ya que las modificaciones aprobadas el pasado 1º de julio para adecuar la legislación con los compromisos asumidos por México en el tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) impiden el libre acceso a la cultura, el conocimiento y la preservación de la memoria.

Brigitte Vézina, de Creative Commons, advirtió que esa reciente ley está muy cargada hacia la protección de los beneficios de propietarios y la industria, pero impide el uso legítimo de los usuarios en Internet.

Es, insistió, una legislación sesgada, que no contempla las actividades legítimas de las instituciones de patrimonio cultural, como galerías, bibliotecas, archivos y museos, así como a sus usuarios.

Advirtió que si la ley no se flexibiliza, generará mayores cierres de dominio público y representará una amenaza inaceptable a los derechos fundamentales de más de 126 millones de mexicanos y exacerbará desigualdades.

En las mesas de análisis Hacia una reforma integral al derecho de autor: nuevas perspectivas, la senadora Antares Vázquez destacó la importancia de abrir el debate. Nos interesa que los ciudadanos estén interesados en este tema y colegislar con ellos, recalcó.

Por su parte, Allison Davenport, de la Fundación Wikimedia, propuso incluir el concepto uso justo para permitir que las colaboraciones colectivas enriquezcan el contenido de las páginas de información.

Ese mecanismo, aclaró, no funciona como licencia, sino como un acuerdo que incluya una leyenda que alerte que el texto, video, fotografía o música está expuesto bajo la protección de los intelectuales, artistas, galerías, editoriales u otras instituciones que los representan, a fin de tener garantías de su posesión.

La legislación debe ponderar la libertad en las plataformas digitales para compartir conocimiento, desarrollar profesionales, así como promover y preservar la cultura, resaltó Davenport.

Al sector bibliotecario le preocupa que las plataformas en línea puedan remover contenidos por supuestas infracciones a la ley, sin necesidad de pruebas ni autorización judicial, lo que es peligroso, porque los contenidos pueden obedecer a un interés público, y quitarlos, impediría a las personas compartir conocimiento, señaló Jonathan Hernández, miembro del comité de Libre Acceso a la Información y Libertad de Expresión de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios