cinco semanas de las elecciones generales en Bolivia –18 de octubre–, el panorama se complica más y más. La polarización advertida entre el MAS y los golpistas se agudiza, mientras Carlos Mesa intenta mantener un perfil bajo que le ayude a ganar votos de una derecha desencantada con un gobierno transitorio que se hunde después de casi un año de escándalos de corrupción y mal manejo de la crisis de salud.

Las últimas encuestas son favorables al MAS-IPSP que tiene al ex ministro de Economía Luis Arce Catacora como candidato presidencial. El partido de Evo Morales obtiene 26.2 por ciento en el reciente estudio de Mori (la única que acertó el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016), que cuando se pondera filtrando sólo los votos válidos se transforma en 37.3 por ciento frente a 24.2 de Carlos Mesa o 14.4 por ciento de Jeanine Áñez. Es decir, Luis Arce estaría cerca de ser presidente electo en primera vuelta, siempre que alcance 40 por ciento de votos válidos y 10 puntos de diferencia sobre Mesa, lo que puede suceder con una buena campaña y si los golpistas no bajan a Áñez de la carrera presidencial. En caso de que no se alcance 40 por ciento, o la presidenta actual decline y Mesa se acerque a menos de 10 puntos de diferencia, la segunda vuelta sería inevitable y en ese caso el 14 por ciento de los golpistas, sumado al del cívico Fernando Camacho (12.4 por ciento), que lidera la intención de voto en la ciudad más poblada del país, Santa Cruz, el conservador Chi Hyun Chung (5.9 por ciento) o el hombre del Departamento de Estado en Bolivia Tuto Quiroga (3.8 por ciento) se unirían contra Evo Morales y Luis Arce, provocando la derrota segura del MAS.

Dos semanas antes de la elección, el 4 de octubre, se celebrará el debate entre los aspirantes presidenciales, organizado por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San Andrés y una red de medios de comunicación. Los 14 días posteriores al debate serán claves para que diferentes sectores puedan consolidar su voto y para la posible declinación de Áñez.

Mientras tanto, en el gobierno golpista intentan por todos los medios lavar su imagen y ensuciar la de Evo Morales y el MAS, y han impulsado una denuncia de la Procuraduría General del Estado ante la Corte Penal Internacional, acusando a Evo de incurrir en delitos de lesa humanidad. Los autores físicos e intelectuales de las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron asesinadas más de 30 personas por las balas de las fuerzas de seguridad, acusan al ex presidente boliviano de la muerte de más de 40 personas por la falta de oxígeno durante los bloqueos carreteros de agosto.

Al mismo tiempo, y tras un viaje a Estados Unidos de Arturo Murillo, ministro de Gobierno, donde se reunió con Luis Almagro, secretario general de la OEA, representantes del Departamento de Estado y los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, ha empezado a operar en Bolivia la empresa estadunidense CLS Strategies, vinculada a los servicios de inteligencia gringos y que supuestamente va a dar asesoría al gobierno boliviano de transición en temas relacionados con la democracia.

De manera complementaria, y según filtraciones del entorno del gabinete, los golpistas tienen sobre la mesa una propuesta para eliminar el registro jurídico del MAS-IPSP, junto con un análisis de lo que implicaría dicho acto en cuestión de movilización y respuesta social. La apuesta es clara: una segunda vuelta entre Carlos Mesa y Jeanine Áñez, donde sólo habría un ganador: Estados Unidos y sus intereses en Bolivia.

En las calles, al menos entre la clase media urbana, la sensación es que se quería un cambio, pero no así, y eso está haciendo que Mesa se desplace hacia la derecha para ganar el voto más ultra que ya no se siente representado por Áñez, lo cual a su vez podría hacer que el voto más moderado de centro se acercara al MAS, pues entre la disyuntiva de pensar cómo y cuándo estaban mejor, en septiembre de 2019 (las elecciones fueron en octubre y el golpe en noviembre de 2019) o en septiembre de 2020, es claro que esa clase urbana tenía mejores condiciones sociales, y sobre todo económicas, hace un año.

La crisis económica hace que la gente prefiera vivir en septiembre de 2019. En 14 años de proceso de cambio se le pagaba a tiempo a la gente y podía ahorrar, en nueve meses la gente ha perdido su trabajo y gastado sus ahorros. Ése es el nuevo sentido común que se está posicionando entre una buena parte de la población boliviana.

Si ese sentido común se hace más grande decantando la balanza a favor del MAS-IPSP, entonces la alternativa de quienes hoy gobiernan parece ser un nuevo golpe dentro del golpe que impida que Evo Morales, jefe de campaña del Movimiento al Socialismo, pudiera retornar a una Bolivia gobernada por Luis Arce Catacora.

Twitter: @katuarkonada