Madrid. La Audiencia Nacional de España condenó a 133 años y cuatro meses de cárcel a Inocente Orlando Montano Morales, ex coronel y viceministro de Seguridad Pública del Ejército de El Salvador, por el asesinato de cinco jesuitas españoles, entre ellos el fundador de la Teología de la Liberación, Ignacio Ellacuría, cometido la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

En la sentencia, la sección segunda de la sala de lo penal considera a Montano autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista (Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo) por cada uno la pena fue de 26 años, ocho meses y un día de prisión.

Montano también fue encontrado culpable del asesinato del jesuita salvadoreño Joaquín López, de la cocinera de la universidad, Julia Elba Ramos, y su hija de 15 años, Celina Mariceth Ramos, muertas junto con los religiosos, si bien no puede ser condenado por estos hechos por no haber sido extraditado de Estados Unidos por esos crímenes.

La sentencia relató la reunión de oficiales, entre los que se encontraba Montano, en la que se ordenó matar a Ellacuría y no dejar testigos, para lo que se usaron miembros del batallón Atlacatl. Después de la medianoche los soldados se reunieron fuera de la Escuela Militar, donde el coronel Rene Yusshy, les facilitó un fusil AK-47, habitual en miembros del Frente Farabudo Martí para la Liberación Nacional, con el fin de incriminar a dicha guerrilla en los hechos.

La sentencia argumenta que los asesinatos fueron cometidos desde el aparato del Estado, es decir, tipificado como terrorismo de Estado, al planearse dentro de núcleos del poder, en este caso, el alto mando de las fuerzas armadas salvadoreñas.

Manuel Ollé, abogado de la acusación, comentó a La Jornada que sus representados –familiares y víctimas directas de la represión, así como miembros de la comunidad de los jesuitas– están con una inmensa alegría por la sentencia, pues afirma que supone el fin de 31 años de impunidad y finalmente se ha llegado a la verdad judicial y se ha demostrado que es posible combatir la impunidad y la criminalidad del Estado. Pero sobre todo, supone una reparación para todas las víctimas, para los padres jesuitas, para Alba y Celina y para el pueblo salvadoreño.