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Niega la Corte amparo al Infonavit contra la supervisión de la ASF
 
Periódico La Jornada
Jueves 10 de septiembre de 2020, p. 15

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí puede revisar las finanzas y operación del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), resolvió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Señaló que aunque no maneja dinero del erario, dicho organismo es parte del Estado mexicano y no puede excluirse de su control.

En una votación dividida de tres contra dos, los ministros negaron un amparo promovido por el Infonavit, que argumentaba que por ser un organismo autónomo y manejar recursos privados, como las aportaciones de los trabajadores, sólo podría ser auditado por autoridades financieras.

Por ello, buscó el recurso contra el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2018, donde se anunció que la ASF analizaría la gestión financiera, el control interno y la gobernanza del instituto.

La mayoría de los ministros de dicha sala determinó que por ser un organismo del Estado mexicano, como tal puede ser auditado por la ASF, aun cuando no maneje fondos públicos, pues una exclusión del presupuesto no debe convertirse en una exclusión del control.

En tanto, la ASF celebró la resolución del máximo tribunal, que le otorgó la razón para poder revisar el actuar y manejo financiero del Infonavit, única dependencia federal a la que hasta ahora no podía auditar.

Por su parte, el instituto señaló en un comunicado que la sentencia de la SCJN será acatada en sus términos y dentro del plazo legal correspondiente, con el respeto que debe prevalecer frente a toda determinación de carácter jurisdiccional.

La sentencia donde se niega el amparo señala: al tratarse de recursos destinados a la seguridad social con un destino específico constitucional y legal, independientemente de que sean propiedad de los trabajadores, mientras el Infonavit administra dichas subcuentas de vivienda, necesariamente deben ser fiscalizado y verificado por el Estado.