una semana del segundo Informe presidencial rendido por Andrés Manuel López Obrador el pasado primero de septiembre, es oportuno reflexionar sobre su contenido en el ámbito de los derechos humanos.

Uno de los pasajes más contundentes del mensaje del Presidente es la afirmación de que “ya no hay torturas, desapariciones, ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable (…) hay menos secuestros, feminicidios, y robos”.

Para corroborar la consistencia de dicha declaración con la realidad, es necesario ir a las cifras. En los primeros siete meses del año se han iniciado 25 mil 52 carpetas por homicidio en el país y 549 por feminicidio, en ambos delitos se registra un incremento en 17 entidades federativas. En el caso de los feminicidios, en el primer semestre de 2020 se registró un aumento de 9.2 por ciento con relación al primer semestre de 2019. Asimismo, al finalizar el año, se prevé una cifra cercana a 40 mil 863 asesinatos, lo que representaría un incremento en homicidios de 9.51 por ciento con relación al año anterior.

Por otra parte, hasta junio de 2020, el registro de personas desaparecidas ascendió a 73 mil 201, lo que supone un incremento de más de 11 mil respecto a las cifras registradas en enero pasado. No obstante, hay que anotar que este considerable aumento obedece en buena parte al subregistro que ha existido históricamente en el conteo de desapariciones y que se está procurando subsanar en los reportes recientes; recordemos que, antes de enero de este año, se calculaban sólo 40 mil desaparecidos. Desde el primero de enero hasta junio se tienen nuevos registros de 2 mil 394 personas que permanecen desaparecidas.

Con independencia de las cifras oficiales, que de suyo no concuerdan con la pauta discursiva presidencial, es pertinente mirar la realidad misma, que bien puede ejemplificarse con tres hechos concretos que dan cuenta de las dimensiones y complejidad de la problemática que actualmente vive la nación en materia de derechos fundamentales.

En recientes semanas, ha trascendido públicamente que, durante un operativo de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas, un conjunto de militares, después de un enfrentamiento, incurrió en la ejecución arbitraria de civiles que ya no eran hostiles y que se encontraban bajo su disposición. El video publicado por El Universal, permite escuchar la voz de un integrante de las fuerzas armadas que en cierto momento advierte: “está vivo… mátalo”. Luego, ha trascendido que dos de las personas abatidas en el operativo se encontraban en cautiverio por parte del crimen organizado, por lo que no únicamente no eran elementos hostiles, sino víctimas de un delito que debían ser rescatadas.

Una investigación del diario El País, revela que entre 2013 y 2019, diversas instancias del Ejército mexicano pagaron 2 mil 371 millones de pesos a 250 compañías que posteriormente fueron declaradas por el SAT como fantasma. La Sedena participó en un plan de modernización de las aduanas más importantes del país, y fue en ese contexto de uso de las fuerzas armadas en tareas de infraestructura en el que se produjo la presunta trama de corrupción.

El viernes 4 de septiembre, mujeres víctimas de violencia, que integran el Frente Ni una Más tomaron, las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el centro de la Ciudad de México. Su reclamo fundamental es la ausencia de respuestas para que sus casos de desaparición y de violencia contra diversas mujeres alcancen verdad y justicia y que, finalmente, puedan conocer el paradero de sus desaparecidos.

Si bien el principal reclamo es la ausencia de respuestas de la CNDH, es preciso entender que su protesta se dirige hacia el Estado mexicano en su conjunto, pues sus denuncias no han sido atendidas por los gobiernos locales, ni por el gobierno federal; ni por las instituciones de procuración de justicia, como tampoco por las instancias de atención a víctimas, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre otras.

Estas tres historias, son sólo una muestra del mosaico más amplio de la sombría realidad que vive México en materia de derechos humanos. En las dos primeras, hablamos de hechos atribuidos a las fuerzas armadas, que hoy por hoy son el actor principal por el que ha apostado el gobierno de la Cuarta Transformación para pacificar a la nación, entregándoles la seguridad pública, pero también concediéndoles funciones que exceden a su mandato tradicional, como la construcción de infraestructura, la administración de las aduanas y puertos y la implementación de la seguridad migratoria, entre otras.

En tanto que, en la última historia, nos referimos al órgano garante de los derechos humanos a escala nacional, que hoy paradójicamente es acusado por las propias víctimas de violentar sus derechos.

La afirmación presidencial, pues, no se sostiene. Una cosa es que el Presidente no ordene actos de abuso de poder, y otra que las instituciones del Estado mexicano respeten los derechos fundamentales, de lo cual, lamentablemente, estamos aún muy lejos.