La instalación de ductos de la empresa Gas Natural del Noroeste, con apoyo de policías estatales y locales que han reprimido a los opositores, ha agudizado un conflicto social y ambiental en la comunidad indígena San Juan Bautista de la Laguna, municipio de Lagos de Moreno.

Doce agrupaciones de la sociedad civil que acudieron en una misión de observación al poblado, en la región de los Altos de Jalisco, exigieron ayer en una conferencia de prensa virtual que las autoridades de Lagos de Moreno desmantelen el gasoducto. A su vez, Paul Martínez, representante del consejo general de San Juan Bautista, expresó la indignación y el repudio de sus vecinos al proyecto.

Queremos manifestar nuestra inconformidad con las autoridades municipales y estatales cómplices de la empresa, que sin consulta ni permiso del pueblo metieron sus ductos. Nos han arrebatado nuestra tranquilidad y ponen en riesgo el equilibrio ecológico de la región. Deben desmantelar las tuberías y revocar las licencias, expuso.

También demandaron que se cancelen las investigaciones que la Fiscalía del Estado inició contra habitantes de San Juan Bautista, incluido el propio Martínez, quienes desde el año pasado han mostrado su repudio a la obra.

En mayo de 2019, policías estatales detuvieron a Martínez, así como a Hugo Reyes López, Iliana Martínez y a un estudiante cuyo nombre no se divulgó durante una protesta con la cual se pretendió impedir la instalación de los ductos. Se acusó a los aprehendidos de agredir a policías y de poner en riesgo a los demás manifestantes.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Cedhj) afirmó en su recomendación 26/2020, expedida el 4 de agosto, que los arrestados, a quienes se calificó de agresores, en realidad fueron atacados por uniformados, como se demostró en videos captados durante el incidente, y que se han violado múltiples derechos de la comunidad, empezando por el de consulta.