Londres. La defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y el representante legal del gobierno de Estados Unidos chocaron ayer en la interpretación de los cargos imputados en la segunda jornada de la actual fase del juicio sobre la extradición del australiano, que se centró en el testimonios de dos expertos.

James Lewis, abogado de la Fiscalía británica, reiteró que el caso de Estados Unidos es que Assange no está imputado por publicar cables u otros documentos, salvo los que contienen nombres de confidentes, cuyas vidas se pusieron en peligro.

El abogado hizo hincapié sobre el alcance de los 18 cargos –uno de pirateo informático y 17 relacionados con la obtención y divulgación de información de la Defensa Nacional– que, según recalcó en la vista judicial, es nuestro caso y no es un asunto abierto a discusión.

Puede decir lo que le plazca, pero eso no es el caso, refutó Mark Summers, experto en extradición del equipo legal de Assange.

El duelo verbal entre las partes tuvo lugar en la sala 10 del Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, conocido como Old Bailey, por la calle en que se encuentra en Londres.

La juez Vanessa Baraitser dejó para otro día la aclaración de la disputa sobre la interpretación de la imputación estadunidense que, según Lewis, sólo incluye la publicación de un número relativamente pequeño de los documentos filtrados por la ex soldado Chelsea Ma-nning hace una década.

Estados Unidos acusa a Assange de divulgar datos personales de colaboradores de Washington sabiendo que dichos individuos corrían el riesgo de sufrir daños graves o detención arbitraria. Pero, según documentos estadunidenses presentados en Londres, dicha ofensa no se limita al contenido de los archivos diplomáticos y se extiende a ficheros con 90 mil partes de la guerra de Afganistán y 400 mil informes de operaciones en Irak.

La interpretación a la baja del peso de los cargos enervó a Assange, quien gritó: esto es un disparate, lo que provocó que la juez Baraitser advirtiera que su audiencia continuaría sin él, si seguía hablando desde el banquillo e interrumpiendo a los testigos sin su permiso, antes de ordenar un receso.

Los fiscales estadunidenes quieren extraditar a Assange para juzgarlo por 18 cargos y el uso ilegal de una computadora derivados de la publicación en Wikileaks de cientos de miles de documentos con secretos militares y diplomáticos estadunidenses, cuya pena máxima es de 175 años de prisión.

Los abogados de Assange afirman que la acusación es un abuso de poder por razones políticas que sofocará la libertad de expresión y pondrá en peligro a todos los periodistas del mundo.

Desde Moscú se confirmó la entrega a Assange del premio de la Unión de Periodistas de Rusia Solidaridad, el cual honra a quien muestra valentía en la lucha por la libertad de expresión.