Con el propósito de garantizar el abastecimiento de medicamentos oncológicos, madres de niños con cáncer sostuvieron un encuentro con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, con quien acordaron elaborar un padrón de pacientes pediátricos sujetos a tratamiento (no nominal) en las unidades del organismo, así como diseñar y poner en línea una plataforma pública con el fin de vigilar el otorgamiento oportuno, en tiempo y forma, de los procedimientos.

Luego de una reunión que duró más de tres horas en las oficinas centrales del IMSS, se informó de la creación de un grupo de trabajo con autoridades de nivel central y operativo que se reunirá los jueves de cada semana, a las 18 horas, con padres y madres de niñas y niños en tratamiento con la finalidad de resolver casos puntuales y dar seguimiento al avance de los acuerdos.

Por la mañana, un grupo de madres inconformes se manifestó en las inmediaciones del Centro Médico Nacional La Raza y bloqueó durante más de cuatro horas los carriles centrales de Circuito Interior en dirección sur para denunciar el desabasto de fármacos oncológicos.

Gabriela y Mary, madres de niños con leucemia linfoblástica aguda, exigieron al IMSS y a la Secretaría de Salud que se cumpla con el abasto de medicamentos, porque nos dura un mes, y tres no tenemos. Queremos que Zoé Robledo nos firme un acuerdo y se dé un control de niños con cáncer y los protocolos, para que nunca les falten las quimioterapias, pues perder una sesión pone en riesgo su vida.

Los acuerdos incluyen que, en caso de que el familiar responsable solicite el protocolo de tratamiento, éste será otorgado por el médico tratante y la misma condición tendrá en caso de cambio de protocolo. Para trasplantes de médula ósea, se convino que se dará inicio de acuerdo con el Plan para el Reinicio de los Servicios de Salud Diferidos por la Contingencia de Covid-19, aprobados en agosto pasado.

Integrantes del movimiento Juntos contra el Cáncer llamaron a las autoridades sanitarias con el fin de que garanticen el derecho a la salud de todos los pacientes, tras denunciar que la emergencia por el Covid-19 generó la interrupción de tratamientos, demoras en citas y diagnósticos oportunos.

El colectivo, que agrupa a 60 organizaciones, exigió al gobierno federal garantizar la gratuidad de los servicios de salud.