El juicio al ex presidente y ex senador colombiano Álvaro Uribe, actualmente en prisión domiciliaria –no muy sufrida, pues se encuentra recluido en su hacienda El Ubérrimo, mil 500 hectáreas en una fértil zona de la costa atlántica–, debe verse en la perspectiva latinoamericana de los ex presidentes enjuiciados en América Latina por delitos de lesa humanidad, sostiene el senador del opositor Polo Democrático Iván Cepeda: Ocurre por primera vez en Colombia, como posibilidad, lo que ya ocurrió en otras naciones: que ex mandatarios o mandatarios en ejercicio puedan ser interpelados, llevados ante la justicia, sancionados y en caso de ser culpables tengan que cumplir con una pena. Esto es propio de una sociedad democrática.

Uribe, presidente entre 2002 y 2010, y antes gobernador de su natal Antioquía, justo en los años más cruentos, cuando la narcopolítica y la parapolítica echaron sus raíces más profundas, perdió su fuero como senador cuando la Corte Suprema comprobó que había intentado sobornar a jefes paramilitares presos que lo señalaron como artífice de una organización criminal, el Bloque Metro.

Hace algunos años hubiera sido impensable que la acción de un hombre fuerte como Uribe tuviera estas consecuencias jurídicas y políticas. Era percibido a nivel de la opinión pública como inmune a toda acción judicial, como una figura de teflón. Este proceso para él significa una derrota innegable, empezando por su salida del Congreso por la puerta de atrás. Y paradójicamente, explica Cepeda, fue su decisión de optar por un escaño en el Congreso lo que hizo que perdiera su fuero como ex presidente y le diera a la Corte competencia para juzarlo.

Pero para Iván Cepeda, histórico defensor de derechos humanos, hijo de Manuel Cepeda, senador asesinado de la Unión Patrótica, fuerza política que fue exterminada en su totalidad en los años 80, su intento de abrir un debate parlamentario sobre las manipulaciones del juicio contra Uribe lo llevó, a su vez, a ser demandado.

La pieza principal del proceso contra Uribe fue la declaración de uno de sus mayordomos en su hacienda Guacharacas, Juan Guillermo Monsalve, quien admitió que Uribe y su hermano Santiago fueron fundadores de una organización paramilitar. Pocos meses después sufrió un atentado, lo que llevó a Cepeda a proponer en el Congreso un debate. El ex presidente a su vez lo demandó por sobornar a los testigos para que declararan en su contra.

Frente a dos versiones tan contrastantes la Corte abrió una investigación. No se encontró ninguna evidencia en mi contra, pero sí contra Uribe.

La situación se complicó para Uribe a mediados de agosto, cuando se abrió un expediente en el cual se le acusa de delitos de lesa humanidad por varias masacres y asesinatos con los que se le relaciona.

Desde entonces las masacres, que no han cesado pese a los acuerdos de paz, se recrudecieron, además de que Cepeda y su esposa recibieron serias amenazas de muerte.

“Yo recibo amenazas todo el tiempo, pero ahora sí se han recrudecido de manera muy grave. Por eso yo afirmo que todo está relacionado con estas circunstancias. También constatamos que los hijos de Uribe contrataron los servicios de una empresa publicitaria en Estados Unidos por 50 mil dólares para operar en mi contra una campaña de destrestigio.

–Esta operación ocurre, justamente, en un contexto en el que la violencia del posconflicto está exacerbada.

–El gobierno de Iván Duque no ha hecho absolutamente nada por cumplir el acuerdo de paz, a pesar de la retórica. Lo que hemos visto en su periodo es la misma política que había en los tiempos de la guerra, que es básicamente militarizar la zona donde hay conflicto, con el agravante de que ahora han introducido asesores extranjeros, fundamentalmente de Estados Unidos.

–¿Cree que este proceso llegue a una sentencia condenatoria? El ex presidente ha demostrado que aún tiene bien agarradas sus alianzas con muchos sectores del poder.

–Bueno, sin ir más lejos ya se produjo una decisión que ilustra lo anterior. El 19 de agosto Uribe dejó de ser congresista. De inmediato sus abogados plantearon un recurso ante la Corte argumentando que visto que ya no tiene el fuero como senador su caso debía pasar a la jurisdicción de la Fiscalía. El pasado martes el caso fue trasladado. ¿Y quién es el fiscal? Francisco Barbosa, íntimo amigo del presidente, muy cercano al uribismo.

Es decir, en este momento ya hay en curso una estrategia para garantizar la impunidad. Por lo pronto, ya el proceso se ha desmantelado, las pruebas han sido declaradas ilegales y eventualmente llegará el punto en el que, según esa lógica, ya no haya motivo para seguir adelante con el proceso. Sí, es una posibilidad.

–¿Quedará Duque como garante de la impunidade de Uribe?

–De hecho ya es un asunto muy visible en la opinión pública. Duque no ha tenido ningún pudor en desacreditar a la Corte Suprema por las decisiones tomadas.