Para la liberación de más de 60 involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, además de haberse sustentado en la violación de los derechos humanos, la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (Scrapa) de la Fiscalía General de la República (FGR) nunca solicitó el desahogo de diligencias que confirmaran las pruebas para inculpar a policías municipales e integrantes de Guerreros Unidos.

Las autoridades consultadas refirieron que por ello se confirmaron sentencias absolutorias, o en las que se mencionaron carencia de elementos de prueba y declaraciones obtenidas bajo tortura.

Funcionarios federales que participan en la revisión y nuevas diligencias del llamado caso Iguala, señalaron que la revisión del expediente y las sentencias emitidas por juzgados federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, han detectado anomalías en la actuación de agentes del Ministerio Público.

Entre ellas, la resolución dictada por el segundo tribunal unitario, dentro de los juicios de amparo 204/2017, 205/2017 y 206/2017, en los cuales se concedió la libertad a Gildardo López Astudillo El Gil, uno de los jefes de Guerreros Unidos, Salvador Reza Jacobo El Wereque y Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo, sicarios que presuntamente participaron en la privación ilegal, tortura y asesinato de los normalistas.

Esas resoluciones fueron fundamentales para que se les repusiera el procedimiento en el cual se les podría haber dictado un nuevo auto de formal prisión y, aunque se ordenó que se les realizara un nuevo Protocolo de Estambul para determinar si fueron objeto de torturas, los responsables de las audiencias no hicieron valer la existencia de pruebas de que su relatoría de los hechos e indicios obtenidos en su contra no tenían relación con que se les hubiera hecho firmar una declaración inculpatoria. Por hechos como ésos, indicaron los entrevistados, de los 143 consignados, solamente siguen en prisión 64.