omo hace 18 años, Inés Fernández Ortega vive en su casa de madera en Barranca Tecoani. Sigue atrancando su puerta con una viga, a pesar de los múltiples peligros y amenazas que sufre. La cocina donde fue agredida sexualmente por militares conserva los adobes y tejamaniles de su techo ahumado. Con sus pies desnudos recorre la escarpada montaña para juntar leña y sembrar maíz con sus pequeños hijos y Fortunato, su esposo. Mantiene siempre el garbo cuando se expresa en me’phaa frente a las autoridades. Su idioma materno forma parte de su identidad y lo demostró con el temple que la caracteriza, en el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional del Estado mexicano realizado el 6 de marzo de 2012, en Ayutla de los Libres. Ahí le reiteró al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, que no creía en la palabra del gobierno, porque no cumple. Sin embargo, ella había aceptado sentarse a su lado, para decirle lo que piensa.

En Barranca Bejuco, donde Valentina Rosendo Cantú lavaba su ropa en el río, tuvo que enfrentar a los guachos. A sus 17 años fue víctima de tortura sexual perpetrada por elementos castrenses, quienes usaron las armas de cargo para amedrentarla, golpearla y violarla. Esta desigualdad estructural que fue calificada como una asimetría de poder por la jueza del juzgado séptimo de distrito en Guerrero, fue determinante para sentenciar por 19 años a dos militares.

Inés y Valentina, desde hace 18 años no han dado tregua a su lucha por la justicia. Desde que bajaron a la agencia del Ministerio Público experimentaron el desprecio y el desamparo de las autoridades que supuestamente protegen a las víctimas. A pesar de las presiones que sufrieron en sus comunidades, que eran asediadas por el Ejército, para callar estas denuncias, nunca se doblegaron.

Rompieron el cerco de la impunidad y sentaron en el banquillo de los acusados al Ejército y representantes del gobierno para espetarles su postura pusilánime y complaciente con los militares violadores. Resonó su palabra en el recinto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) que desenmascaró las mentiras de un gobierno que viola los derechos humanos de las indígenas. Su verdad se tradujo en dos sentencias emblemáticas que son pioneras en la defensa de los derechos de las mujeres.

La Coridh señaló el 30 y 31 de agosto de 2010 al Estado mexicano como responsable de violaciones graves a los derechos humanos de Inés y Valentina, cometidas en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y la violencia institucional castrense. Determinó que se violaron los derechos a una vida libre de violencia, a no ser torturada, a la integridad personal de los familiares de las víctimas, a la protección de la dignidad y la vida privada y al debido proceso y las garantías judiciales. Además, determinó que México incumplió su obligación de adecuar el marco jurídico a los parámetros derivados de los tratados internacionales.

A 10 años de las sentencias la corte dio por cumplidas las medidas relativas a la publicación de la sentencia; al acto público de reconocimiento de la responsabilidad, el tratamiento médico y sicológico, las becas de estudio, el reintegro de costas y gastos y adoptar reformas para permitir que las personas cuenten con un recurso efectivo de impugnación cuando sientan vulnerados sus derechos por el Ejército. Se observó cómo parcialmente cumplida la reforma legislativa orientada a compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales.

Quedan pendientes las medidas de reparación estructural que las autoridades deben atender de manera prioritaria para que no vuelvan a ocurrir casos como los que padecieron Inés Fernández y Valentina Rosendo. Son medidas centradas en las investigaciones contra los responsables de estos casos; las relacionadas con la reforma al Código de Justicia Militar, la capacitación de servidores públicos encargados de la procuración y administración de justicia, así como de las fuerzas armadas.

La lucha tenaz de Inés y Valentina iluminó el camino espinoso de la justicia para las mujeres sobrevivientes de tortura sexual. A pesar de estos trascendentales avances, Inés sigue esperando el veredicto final del juez, para que se castigue a los perpetradores. El hoyo negro sigue siendo el poder que ostenta el Ejército al dotarle el Ejecutivo federal de mayores facultades para expandir su participación en la seguridad pública.

La reforma al Código de Justicia Militar, además de quedar acotada y lejos de cumplir con los estándares internacionales, especialmente en el uso de la fuerza, ha erigido a Ejército y Marina como suprapoderes, que en lugar de supeditarse a las autoridades civiles, piden cuentas y ejercen el control de la población, amén de ser un actor con poder económico. El Ejecutivo ha colocado al Ejército como constructor de megaproyectos y el mando en seguridad pública.

Para Inés y Valentina la situación de marginación y discriminación de las indígenas de la Costa-Montaña no ha mejorado. Han tenido que batallar con las autoridades de salud para exigir que en sus comunidades haya doctoras, enfermeras y medicamentos. La muerte materna es aún la sombra funesta que amenaza a las madres que padecen los estragos de la desnutrición. El cerco del hambre y ahora del Covid-19 forman parte de los males que azotan a las comunidades indígenas de Guerrero.

En cuanto a las reparaciones comunitarias que plantea la sentencia de Inés Fernández, han sido desatendidas por las diferentes administraciones federales. De nada ha servido esta propuesta innovadora que toma en cuenta la dimensión comunitaria de los daños ocasionados por esta execrable actuación militar, cuando Inés y sus compañeras se topan con el argumento recurrente de que no existen fondos para dar cumplimiento a esta resolución. La creación del Centro Comunitario y Albergue de niñas y niños en Ayutla de los Libres ha sido una exigencia que no ha encontrado eco en el gobierno federal. Son 10 años de subir y bajar la montaña, con esa firme esperanza de que se materialice su sueño, de tener un lugar digno en la ciudad que las desprecia e ignora.

*Director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlacinollan.