Jueves 3 de septiembre de 2020, p. 11
La Fiscalía General de la República (FGR) prepara lo que sería la cuarta acusación penal en el ámbito federal contra Juan Collado Mocelo, esta vez por enriquecimiento ilícito; quien fuera abogado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari espera la resolución judicial en la que se determine si lo vinculan a proceso por defraudación fiscal y fraude.
En agosto, el Ministerio Público Federal puso a consideración de un juez con sede en la Ciudad de México un expediente por enriquecimiento ilícito en contra Collado, pero concretamente el 12 de ese mes la autoridad judicial devolvió el archivo por considerar que no se presentaron suficientes elementos para librar la orden de aprehensión solicitada, y ahora tendrán que perfeccionar la acusación.
Collado ya se encuentra vinculado a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al tiempo que la Fiscalía de Justicia de Chihuahua lo acusa de haber cometido peculado agravado.
La madrugada de ayer un juez de control del Centro de Justicia Penal, con sede en Reclusorio Norte, determinó vincularlo a proceso, informó al término de la diligencia el abogado Xavier López, y con eso ya suma dos procesos penales en marcha el litigante, que también era defensor del dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps.
La audiencia se realizó sin la presencia de medios de comunicación por cuestiones sanitarias, tuvo una duración de 20 horas y concluyó con la decisión de vincular a proceso a Collado Mocelo y otorgar dos meses de plazo para que el Ministerio Público Federal concluya la investigación complementaria.
En la audiencia se reclasificaron los delitos que la FGR imputaba a Collado, ya que solicitó que se procesara por tráfico de influencias y contra la administración de la justicia, pero su defensa legal insistió en que su cliente fue acusado sólo por fraude, sin dar más detalles.
En este caso, la FGR señaló que Collado Mocelo y Alberto Manuel Alcántara, ex titular de la Coordinación General de Investigación de la FGR, se coaligaron para que se archivara una indagatoria por lavado de dinero al haber intervenido para que en Andorra se liberaran 76.5 millones de euros que habían sido bloqueados por el ex abogado de Salinas de Gortari.