El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene una deuda histórica con las más de 73 mil víctimas de desaparición forzada en México. Consideró necesario implementar de manera urgente estrategias dirigidas a la prevención, investigación y sanción de dicho delito, así como a reparar integralmente a las víctimas.

En tanto, el Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, con sede en Atoyac de Álvarez, Guerrero, denunció que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sigue simulando que habrá solución para los desaparecidos durante ese periodo.

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Frayba expuso que la búsqueda de desaparecidos debe partir de la premisa de la plena participación de las familias para encontrarlas, así como de identificar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales.

En un comunicado, agregó: La desaparición forzada de personas en México se profundizó desde 2006, en un contexto de desaforada violencia que inició el entones presidente Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto.

Sostuvo que estos crímenes “están vinculados con la violencia estructural del Estado, especialmente de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad pública.

Es necesario que emerja la verdad en medio de la impunidad, como en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y las 37 desapariciones forzadas cometidas por el grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia en el norte de Chiapas, derivadas de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional entre 1994 y 2000.

El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, subrayó: La administración de López Obrador generó expectativas entre las familias de las víctimas, reconociendo públicamente la existencia de esta crisis de derechos humanos en el país, pero a dos años de haber ganado las elecciones, las acciones para afrontarla son insuficientes y no han sido efectivas.

Mientras, Octaviano Gervasio Serrano, dirigente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, anunció que unos 220 familiares de desaparecidos en Atoyac en ese periodo, se instalarán en plantón en el Zócalo de la Ciudad de México.

Vamos a decir al Presidente que ya basta de la simulación e impunidad con que está actuando el fiscal Gertz Manero; los agentes del Ministerios Público que tiene a cargo de la investigación son los mismos que han estado durante sexenios, reprochó.

En entrevista, advirtió que exigirán al mandatario que se efectúen indagatorias serias, que ya no se solape a los militares que hayan cometido hechos delictivos y que hoy son generales en activo o en retiro que siguen gozando de una honorabilidad que no tienen.

En Michoacán, Mercedes Ruiz, integrante de la organización Familiares Caminando Juntos por Justicia, expuso que la lucha de colectivos y familiares de desaparecidos es por que termine la impunidad y se intensifique la búsqueda de más de 300 ausentes en acciones en las que participaron elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, sin contar los cientos de desaparecidos de los que no se tiene idea qué pasó con ellos.

Dijo que ha constatado que hay municipios como Coahuayana y Aquila donde hay desaparecidos y no se han presentado denuncias por miedo.