El nuevo sistema de pensiones planteado por la actual administración federal abre espacio a un esquema perverso en el que el gobierno tendrá que financiar a largo plazo a los trabajadores que tengan menores ingresos en el país e implicará mayores costos para autoridades futuras, asegura Gustavo Leal Fernández, profesor investigador de la UAM Xochimilco.

El especialista explica que la propuesta para reformar el sistema de retiro implica la reapertura de un seguro popular de pensiones, pues los trabajadores que tengan de uno a cuatro salarios mínimos dentro de sus esquemas de cotización tendrán acceso a un fondo de retiro más alto respecto de sus niveles de ingreso, por lo que el gobierno deberá subsidiar los costos para garantizar pensiones dignas.

Aunado a ello, expresa, abre la puerta para que se ponga en marcha una especie de economía pyme, pues ese tipo de empresas, de pequeña y mediana escala, se podrán ver beneficiadas. Si bien les trae ventajas, se traduce en mayores costos para el gobierno.

De acuerdo con el especialista y con un estudio que se realizó en conjunto con el Grupo de Estudios en Políticas Públicas de Seguridad Social, la administración federal busca corregir fallas del sistema actual, dado que el nivel de aportaciones de hoy día genera tasas de remplazo insuficientes y propone un esquema de financiamiento por medio de dos regímenes: uno que es para empleados con bajos salarios (de uno a cuatro UMA) y otro para los de ingresos altos (de cinco a 25), y en este último se elimina la aportación del Estado.

Subsidios

“Eso significa que el nuevo sistema incorpora un régimen de financiamiento para trabajadores cubiertos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Para enfrentar la falla de bajas aportaciones se propone un esquema que dividirá dos impactos, subsidiando a los afiliados del IMSS con los más bajos salarios de cotización.

Con el argumento realmente constituirá dos nuevos riesgos más profundos y duraderos, que son, por una parte, seguir financiando el SAR, este sistema de cuentas y pensiones, y garantizar una pensión mínima. Se constituyen dos grupos, se segmenta a los empleados y el seguro popular reaparece, pues es para los trabajadores más bajos, y se intentará repartir la cuota social y se convierte en un seguro que pagará el Estado, precisa.

Leal Fernández añade que un costo grave es que desaparece el tripartismo para esos trabajadores. Ellos quedan en el sentido de cuota social. Ese es el primer nivel. Por tanto, el nuevo régimen financiero segmentará a dos grupos.

Detalla que, de aprobarse ese régimen financiero, algunas personas que cotizan bajo las actuales condiciones del IMSS pueden verse presionadas, pese a que la promesa de la administración federal fue que la propuesta de reforma no tendría impacto alguno, ya que sólo unos cuantos se verán beneficiados con la consecuencia de que los futuros gobiernos tendrán que pagar sus pensiones.

La cuota social, desde el gobierno federal, se localizará en los trabajadores de menor ingreso, el universo de mayor afiliación al IMSS, el acuerdo y la iniciativa, representará un costo fiscal más alto para el Estado, es decir, mete más recursos a ese segmento y subsidia a la pequeña y mediana industria.

Si bien se mejorarán las condiciones a los trabajadores de menores ingresos y se beneficiará a las pymes, dado que se garantiza explícitamente el acceso a pensiones a más personas, se patea el bote a las futuras administraciones, pues dejarán una carga de financiamiento gubernamental para las personas que decidan apegarse al nuevo esquema.