Domingo 30 de agosto de 2020, p. 23
Caracas. Las autoridades venezolanas otorgaron ayer el beneficio del arresto domiciliario al diputado opositor Juan Requesens, detenido desde hace dos años en la sede de la policía política tras ser vinculado al fallido atentado con drones contra el mandatario Nicolás Maduro en 2018.
Requesens recibió el beneficio de casa por cárcel
y se mantiene en su residencia bajo custodia policial, anunció en su cuenta de Twitter su defensor Joel García.
La decisión coincide con las exigencias que venían haciendo desde hace varias semanas activistas de derechos humanos, abogados y familiares de los llamados presos políticos
para que los detenidos de la cárcel capitalina de El Helicoide, que funciona en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), fueran enviados a sus residencia para evitar que se contagiaran del nuevo coronavirus tras las denuncias de algunas supuestas infecciones que se dieron en ese centro.
Juan no es libre aún y no vamos a dejar de luchar hasta que él y toda Venezuela lo sean
, indicó en su cuenta de Twitter la opositora Rafaela Requesens, hermana del congresista, quien publicó algunas fotografías del político del partido Primero Justicia, bastante delgado y con la cara cubierta con un tapabocas, en su residencia.
Asimismo, el dirigente opositor Henrique Capriles difundió en su cuenta de la red social un video del momento en que Requesens, de 31 años, fue recibido entre abrazos por sus padres y conocidos en un edificio. Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre la medida que se otorgó al opositor.
La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, saludó la medida y dijo en un comunicado que dicha decisión es un gesto muy positivo
.
Aliento a las autoridades a seguir tomando medidas similares que contribuyan a mejorar la situación de derechos humanos en el país y que permitan avanzar en el diálogo político
, indicó Bachelet.
Requesens fue detenido en un apartamento del este de la capital el 7 de agosto del 2018 tres días después del fallido ataque con drones que sufrió Maduro durante un desfile militar en el centro de la capital.
El opositor fue imputado por la Fiscalía General de los delitos de instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra Maduro, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo, daños a la propiedad y traición a la patria.