Los familiares de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, víctimas de desaparición en 2007, denunciaron que el juzgado de distrito del estado de Jalisco que tiene en sus manos el caso de siete policías que habrían participado en estos hechos declinó su competencia a favor de uno de Oaxaca, lo cual implica el riesgo de que los acusados reciban beneficios indebidos o incluso queden en libertad.

Nadin Reyes, hija de Edmundo y coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, explicó en entrevista que el juzgado primero de distrito de procesos penales federales con sede en Puente Grande, Jalisco, notificó el pasado 25 de agosto que buscará declinar este expediente para que se haga cargo de él otro juzgado de distrito, pero basado en Oaxaca. El argumento es que carece de competencia legal para abordar el caso en razón de territorio, pues la desaparición de Cruz y Amaya ocurrió en Oaxaca. Por tal razón, solicitó que este episodio sea atraído por un juzgado de esta última entidad.

La activista señaló que las familias de ambas hombres se oponen al traslado de los policías a Oaxaca, pues ahí los acusados aún tienen influencias y contactos con políticos en activo que pueden ayudarlos de forma indebida.

De hecho, recordó, originalmente se envió el expediente fuera del estado para evitar posibles situaciones adversas, además de que en casos de desaparición forzada no pueden intervenir las autoridades de la entidad en donde ocurrieron los hechos, aunque haya sido en otro periodo de tiempo.