sta semana, como alguna de las anteriores, ha estado llena de noticias importantes y trascendentes. Uno de los temas más relevantes a nivel general lo es sin duda la lucha permanente contra la corrupción que se inició desde el primer día en que asumió la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. No sólo las medidas y acciones que se han estado tomando para frenar las fugas de recursos del erario, sino también los grandes casos que nos han dado la oportunidad a los mexicanos de conocer cómo opera todo un sistema de corrupción, las complicidades, negocios y actos inmorales que se cometieron desde lo más elevado del poder político en México, así como las ineficiencias y los abusos de poder que tanto daño le han hecho a nuestro país.
Dentro de ese contexto general, se inscribe un hecho particular que por sus implicaciones representa un claro ejemplo de cómo la clase empresarial viola sistemáticamente la legislación laboral y comete arbitrariedades contra los trabajadores que están en la mayoría de los casos en la indefensión y sin los recursos para proteger sus derechos desde el punto de vista personal o colectivo. Este caso involucra directamente a la empresa Grupo Peñoles, a su presidente Alberto Bailleres, quien abusando de sus contactos y un aparato exagerado de despachos de abogados, se dedicó arbitrariamente a violar la ley, atacar y despedir injustificadamente a los trabajadores miembros del Sindicato Nacional de Mineros que me honro en presidir y sembrar esquiroles y comprar dirigentes espurios a quienes pone a su servicio de la manera más grotesca, sucia e ilegal.
Bailleres, un empresario vengativo que posee la tercera fortuna más grande de México, es el principal accionista y casi único, de una empresa catalogada por diferentes organizaciones internacionales como Human Rights, Mining Watch, Fair Trails y otras más, como una de las menos éticas del mundo, al igual que Grupo México, de German Feliciano Larrea. Ambos constituyen la segunda y primera corporación nacional minera más grandes de México, pero a su vez son las que menos respetan la ley y el marco legal, además de que son los más perversos y resentidos que desprecian a sus trabajadores y empleados. Para muchos estas son dos personas que avergüenzan a los miembros de la clase empresarial que sí son responsables, serios y con dimensión social.
El Grupo Peñoles y su presidente Bailleres tomaron la decisión de darme de baja como trabajador de esa empresa a partir del primero de enero del año 2008 y me suspendieron el pago de salarios y prestaciones de manera unilateral, arbitraria, apoyada en la venganza, sin ningún fundamento legal que le diera consistencia o certidumbre. Se había iniciado el conflicto de Grupo México contra los mineros desde la tragedia de Pasta de Conchos del 19 de febrero de 2006, en la cual 65 trabajadores perdieron la vida en un homicidio industrial resultado de la irresponsabilidad, la negligencia y la prepotencia de Larrea y sus cómplices y los gatos como él llamaba a los miembros del gabinete del presidente Vicente Fox.
Peñoles y Bailleres esperaron dos años para darme de baja, ya bajo la administración de Felipe Calderón, que les prestó y puso a su abyecto servicio a los nefastos Javier Lozano Alarcón en la Secretaría del Trabajo, y a Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, al procurador general de la República, al secretario de Seguridad Pública y a otros más. A Peñoles se le hizo fácil con esas influencias que tenían, aliarse con Larrea y ambos (después se les unirían Alonso Ancira Elizondo, hoy en la cárcel en España por un gran fraude, y Julio Villarreal Guajardo, de Altos Hornos de México y de Grupo Villacero, respectivamente) lanzar una campaña millonaria, sucia y muy costosa, calculada en cientos o miles de millones de dólares para desacreditarme y acabar con el Sindicato Nacional de Mineros, que al final fracasó, pues en su arrogancia e ignorancia nunca consideraron la posibilidad de la lucha, la lealtad y la resistencia de los mineros, que a la postre se convirtió en una destacada y digna victoria para la clase trabajadora.
Desde el año 2008 demandé a Peñoles por despido injustificado, para echar abajo su perversa y falsa campaña de que yo no era ni había sido trabajador minero. La semana pasada, la Junta Especial Número Diez de Conciliación y Arbitraje resolvió y me entregó el laudo donde obliga a Peñoles y a Bailleres a reconocer mi relación laboral desde el 24 de enero de 1994 con la Compañía Mexicana La Ciénega, SA de CV, perteneciente al Grupo Peñoles. Así es que todo argumento del patán de Lozano Alarcón, de los títeres y traidores al sindicato y de algunos medios de comunicación, se les cayó de un plumazo. Eso sí, después de un juicio de más de 12 años que demuestra la ineficiencia y manipulación de las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje y de hechos, actitudes y prácticas vergonzosas con las que acostumbran esas empresas negar los derechos de los trabajadores y violar constantemente la ley y permanecer en la impunidad.
Esos vicios son los que queremos erradicar con este gobierno y proyecto de transformación. Si esto que hicieron se lo aplicaron ilegalmente a un líder nacional, qué no harán con los trabajadores más humildes que no tienen los medios para defenderse. Ahora Bailleres y Peñoles están obligados a pagar los salarios y prestaciones que se vencieron por más de 12 largos años, las cuotas ante el IMSS, el Infonavit y el sistema de pensiones, pero sobre todo a asumir sus ofensas con caras de vergüenza y de indignidad. Un triunfo histórico de los mineros y mío propio, que el presidente López Obrador ha ilustrado hasta el infinito con este y otros casos más, cuando ha mencionado el control y el sometimiento que el poder económico tenía sobre el poder político.
