Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la decisión de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de reabrir los pozos ubicados en las cuencas de los ríos Sonora y Bacanuchi, pese a la oposición de los habitantes de la zona, quienes afirman que su agua fue contaminada por el derrame tóxico de una mina de Grupo México.

Los ministros de la Segunda Sala aprobaron el proyecto de sentencia presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, donde si bien se acepta que hay trazas de manganeso y arsénico en el agua, éstas no rebasan los niveles considerados como peligrosos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El litigio surgió desde que, en agosto de 2014, una mina de Grupo México, ubicada en Cananea, Sonora, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado. La Cofepris tomó la decisión de cerrar los pozos de toda el área, sin embargo, en octubre ordenó abrirlos, asegurando que sus análisis no mostraban riesgos para la población. En 2015, gracias a una solicitud de información pública, se tuvo acceso a los reportes de los estudios hechos por Cofepris al agua de los pozos, y se encontró que cuando menos en dos había restos de manganeso y arsénico, ante lo cual vecinos del área interpusieron el amparo.

El fallo tomó como base los resultados de Cofepris. Sin embargo, afirma que estos niveles no son peligrosos para la salud: “si bien la Cofepris determinó que este pozo tiene una milésima parte más de arsénico (0.011), lo cierto es que resulta razonable, primero, porque el análisis químico se sitúa en la expresión mínima aritmética que correspondería a una fracción milesimal del litro; y, segundo, porque la OMS reconoce en sus guías que hay escasa información disponible relativa a sus efectos sobre la salud.