Seis semanas después de la actualización del registro de personas desaparecidas en el país, se sumaron a esta lista mil 780 casos. Por tanto, el reto actual en esta materia significa esclarecer el paradero de 74 mil 998 personas e identificar un número no determinado de cadáveres.

El 13 de julio pasado, durante la presentación de la versión pública del citado registro, se informó que durante la actual administración fueron ubicados mil 682 cuerpos en fosas clandestinas; de éstos, se había podido identificar a 42 por ciento, de los cuales 25 por ciento fueron entregados a sus familiares.

Sin embargo, hay un rezago tanto de personas desaparecidas como de infraestructura y servicios en el ámbito forense en prácticamente todas las entidades del país.

La Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación (SG) presentó esta semana un informe de incorporaciones y modificaciones al proyecto de protocolo homologado de búsqueda, cuyo objetivo es generar directrices en todo el país para hacer efectiva la reacción inmediata, clasificación e investigación eficiente de los casos.

Cuestión de derechos

Se plantea que cualquier persona tiene el derecho a ser buscada, independientemente de las presuntas causas de la no localización.

Este último punto es parte central del debate, porque según se apunta en el informe final de consulta hacia ese protocolo, desafortunadamente la Ley de Desaparecidos no considera que deba presumirse en todos los casos y desde el primer momento que un delito explica la imposibilidad de localizar a una persona, sino que en casos de mayores de edad sin apariencia ni contexto de delito dispone que la presunción se retrase por 72 horas. Esa presunción se fundamenta en la apertura de una carpeta de investigación.

Luego de que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, la SG aseguró que no se ocultará nada ni protegerá a nadie en esta materia.

En un comunicado dijo que el Estado mexicano reconocerá la competencia del citado comité para conocer de casos individuales en congruencia con su política de apertura al apoyo y escrutinio internacional.