Durango, Dgo., La ignorancia y un conflicto entre dos familias por la posesión de 20 hectáreas permitió durante 20 años a la compañía Minera Hecla SA de CV, de capital canadiense, no pagar renta ni retribuir en absoluto el uso de esas tierras en el poblado de San José de Nazareno, municipio de Cuencamé, Durango, de donde extrae oro y plata.

En 1999, representantes de la compañía negociaron con la familia de Enrique Favela Espinoza, quien presentó documentos falsos que lo acreditaban como propietario de esas tierras. Ese mismo año, la empresa contrató a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para instalar en esas tierras cableado para llevar energía eléctrica a la mina.

La propietaria de los terrenos es la familia de Ángel Nava Castro, quien siete años después de iniciadas las actividades de la mina, comenzó el reclamo de las 20 hectáreas. Nava relató que siempre creyeron que su padre había negociado con la empresa y el papá pensó que eran instrucciones del gobierno que se instalara la mina y que la CFE pusiera el tendido eléctrico.

Jamás pensaron que Enrique Favela había presentado escrituras falsas. Cuando acudieron a la compañía minera para aclarar la situación, el entonces gerente les comentó que ellos habían hecho un compromiso con Enrique Favela.

Cuatro años pasaron sin lograr avance alguno. En 2011 el padre de Ángel Nava Castro falleció y ahora el pretexto para no avanzar en las negociaciones era que las escrituras debían estar a nombre de Ángel Nava para hacer la reclamación.

En 2017 Enrique Favela se desistió de la querella y de la propiedad de las tierras; el gerente de la compañía minera reconoció que la propiedad de los terrenos no era suya, sino de la familia Nava Castro, con la que inició negociaciones.

El ofrecimiento que se hizo entonces fue de 1.7 millones de pesos por la renta de las 20 hectáreas durante 17 años, un pago anual apenas de 100 mil pesos.

Sin embargo, la compañía minera cambió de gerente y nombró a Claudio Vázquez García, quien rechazó los acuerdos previos y canceló cualquier diálogo con la familia. En 2019 se dio una primera reunión entre el representante legal, la familia Nava Castro y la Secretaría General de Gobierno. Pero no hubo avances ni más diálogo.

Esto provocó que el pasado julio habitantes del poblado José Nazareno, de sólo 80 habitantes, encabezados por Ángel Nava, tomaran la mina y pararan sus labores.

El pueblo se sumó al movimiento porque en otras comunidades donde se instalan empresas mineras éstas se comprometen a dar becas para los niños, contratar a lugareños y hacer obras de infraestructura, lo que no ocurre en este caso.

Las protestas contra Hecla terminaron una semana después, cuando se firmó un acuerdo entre la compañía minera, la Secretaría General de Gobierno, la alcaldesa de Cuencamé y la familia Nava Castro.

En ese acuerdo se estipula que se levantaría el bloqueo y toma de la mina, que la minera haría un ofrecimiento económico a Ángel Nava por la renta de las 20 hectáreas durante 20 años y se desistiría de toda acción legal contra Ángel Nava.

El cuarto compromiso fue que sería la alcaldesa de Cuencamé, María de Lourdes Martínez, quien negociaría con la empresa los apoyos sociales que Hecla ofreció a los habitantes de San José Nazareno.

Sin embargo, la propuesta económica de minera Hecla fue de 1.4 millones de pesos por la compra de las 20 hectáreas y la renta por los 20 años pasados.

El representante legal de la minera fue tajante: ya no habrá ningún otro ofrecimiento y amenazó con cerrar la mina si insistía en seguir con el pleito.

Ángel Nava dijo que ellos tienen información de que la misma minera está pagando 12 mil dólares anuales por la renta de cuatro hectáreas en otro predio de la misma comunidad. A otro vecino le están pagando 36 mil dólares anuales por la renta de 20 hectáreas.

A mí me quieren pagar 60 mil dólares totales por la renta de 20 hectáreas en 20 años y la compra de esa misma tierra. ¡Esto es una burla!, exclamó.

Ángel Nava presentará esta semana una denuncia penal contra Enrique Favela por el despojo de las 20 hectáreas mediante el uso de escrituras falsas.

Otra demanda se presentará contra la CFE por prestarse a instalar tendido eléctrico sin comprobar la legalidad de la posesión de la tierras.

La tercera es contra la compañía Minera Hecla por daños y perjuicios en contra de la familia Nava Castro durante 20 años.

José Luis López Ibáñez, subsecretario general de Gobierno, dijo que él solo ha pedido a Ángel Nava Castro que todo se haga por la vía legal.