Sin ningún trabajo de cabildeo con legisladores ni autoridades educativas, como ocurrió en años recientes, los rectores de universidades públicas estatales y líderes de trabajadores universitarios no tienen siquiera una idea de la forma en que serán tratadas las instituciones de educación superior en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Un aumento de cero por ciento real sería ganancia, dado el complicado escenario económico actual, expresan algunos.

Previsto para ser entregado a la Cámara de Diputados el 6 de septiembre, como anunció hace unos días el presidente López Obrador, el proyecto de Presupuesto es extraordinariamente incierto en este tema, pues la Ley General de Educación Superior prevé un fondo federal especial para garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza. No obstante, la iniciativa está pendiente de discutirse y aprobarse en el Congreso.

Además del presupuesto necesario para el año próximo, en 2020 está el problema que enfrenta una decena de universidades públicas estatales, que anualmente necesitan recursos extraordinarios para pagar incluso nóminas y aguinaldo a los trabajadores.

Desde mayo pasado, la Subsecretaría de Educación Superior notificó que para este año no habrá recursos adicionales. En 2019, el apoyo a nueve de estas universidades fue de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, sin que se resolviera de fondo el problema actual.

Juan Eugenio Guerra Liera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa –una de las 11 con déficit–, advirtió que la decisión de suspender dinero extraordinario, junto con otros recortes, pone en grave riesgo a estas universidades y se les avizora una crisis fuerte.

En tanto, Enrique Levet, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, que agrupa a casi un centenar de sindicatos, anunció que el 3 de septiembre próximo realizarán una asamblea nacional virtual, en la cual se fijará una posición común sobre el tema.