odos los bienes que forman el patrimonio estratégico de la nación, y que le pertenecen de manera inalienable e imprescriptible, constituyen la riqueza colectiva de la comunidad mexicana y, fundamentalmente, de sus grandes mayorías, que sólo así pueden recuperar, en algo, el abandono y el despojo ancestrales, así como las profundas carencias que siempre les han afligido.

Para entender cabalmente, y en la práctica, lo que significa esa riqueza estratégica nacional, tenemos el ejemplo de Noruega, cuyo gobierno creó un fondo financiero y patrimonial para el país, en el cual se depositan las ganancias que se obtienen de la explotación de sus yacimientos petroleros en los litorales del Mar del Norte.

La gran productividad de la empresa petrolera noruega, que maneja sus operaciones y contratos con honradez, capacidad y transparencia, ha dado como resultado ese fondo financiero que cuenta con un valor aproximado de 10 billones de coronas noruegas (equivalentes a 24 mil 300 millones de pesos), cantidad que ha permitido, y permitirá, que la seguridad social, la salud y buena parte de su infraestructura nacional, tanto en el presente como a futuro, se cubran con los intereses de dicho capital. Ese es el resultado evidente e innegable de una estrategia patriótica y honesta para sustituir un recurso no renovable, como es el petróleo; convirtiéndolo en un capital permanente y colectivo de todos los noruegos y de sus nuevas generaciones. Demostrando, con ello, que esa es la fórmula más práctica y eficaz para defender a un país, a su patrimonio y a su población íntegra.

Ese mismo modelo lo ha aplicado la nación noruega en la explotación racional y eficiente de sus inmensos bosques, lo que ha permitido que su extensión arbórea vaya creciendo con mayor rapidez y cobertura territorial que el número de árboles que se derriban e industrializan.

Frente a ejemplos tan encomiables, en nuestro país ha ocurrido exactamente lo contrario con toda su riqueza petrolera. Ya que, después de más de 100 años de explotación, y de haber sido una de las naciones más productivas a escala mundial, hoy nos encontramos más endeudados que nunca. Mientras la empresa nacional está quebrada y hay que rescatarla, cuando ya se perdió una gran parte de esa fuente de riqueza comunitaria no renovable, que debía haber dejado un patrimonio nacional inmenso, el cual le habría dado a toda nuestra población el bienestar económico y la equidad que nunca ha podido alcanzar. El caso de nuestros bosques es semejante. Y ello se comprueba al observar la depredación inmisericorde de las áreas boscosas en el país; la cual se evidencia en los niveles de desertificación y deforestación que reportan alrededor de 2 millones de hectáreas de recursos forestales perdidas anualmente.

Lo mismo ha sucedido con otros recursos naturales estratégicos saqueados; siendo el ejemplo más evidente el de la minería mexicana, cuya explotación, durante 300 años de Colonia, fue la fuente ubérrima de la riqueza, del dispendio y de las guerras absurdas provocadas por las casas reales de los Austrias y los Borbones en la Madre Patria. Mientras, en la Nueva España, sólo unos cuantos protegidos, como los Borda en Guerrero y los Rul en Guanajuato, resultaron favorecidos. En tanto que, al pueblo se le sacrificaba en la esclavitud de los abismos negros de esas minas. Hoy, México sigue siendo el primer productor de plata en el mundo. Mientras el cobre significa otra explotación permanente, que no la podemos disociar de lo que ocurrió con la Cananea Consolidated Copper Company, en Sonora, en 1906, que fue la muestra más descarnada de la extracción masiva y abusiva de las riquezas no renovables del país, y que también evidenció una discriminación laboral agresiva y humillante que provocó el primer estallido social precursor de la Revolución Mexicana.

Actualmente, la industria minera en México reporta una productividad no auditada de 443 mil 224 millones de pesos; mientras sus impuestos se reducen a 46 mil 59 millones. Quedando cerca de 90 por ciento de sus ganancias en manos de particulares, la mayoría extranjeros, a quienes la reforma legal de 1992 les ha dado la oportunidad de participar en la explotación de los recursos naturales con 100 por ciento de capital social extranjero y hasta por 100 años de vigencia.

En esas condiciones tan cuestionables, la superficie otorgada a los concesionarios alcanzó 113.8 millones de hectáreas, que abarca enormes territorios estratégicos, como lo muestra el plano que se acompaña. Quebrantando, con ello, los principios establecidos en la Constitución de 1917, que en su artículo 27 ratifica en forma contundente e indudable el dominio directo y el usufructo para la nación de esos recursos naturales que ahora se van para siempre sin dejar patrimonio alguno que los compense. En tanto, se multiplican los conflictos laborales, acusaciones por daños ecológicos y las muertes por riesgo de trabajo. Este análisis comparativo, entre un país democrático como Noruega que defiende y multiplica su patrimonio estratégico nacional, y lo que ha pasado en México, nos ratifica el abandono, la corrupción y la falta de patriotismo de gobiernos dictatoriales que permitieron esta debacle patrimonial que nos ha saqueado. Todo lo cual, ahora se trata afanosamente de revertir.

* Fiscal General de la República