Buenos Aires., El presidente Alberto Fernández anunció ayer que el gobierno decidió declarar como servicios públicos esenciales a la telefonía móvil, Internet y la televisión por cable, y, por lo tanto, congelar las tarifas de los mismos hasta el 31 de diciembre, y la empresas deberán ser autorizadas para aumentar tarifas, quedando esto a cargo del Ente Nacional de Comunicaciones, mediante un decreto en el que figuran diversos documentos de Naciones Unidas (ONU) y disposicones de países como México y Francia.

En el decreto se cita que el acceso a Internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión y que la ONU ha señalado en diversos documentos la relevancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para el desarrollo de una sociedad más igualitaria y la importancia de que a todas las personas les sea garantizado su acceso a las mismas.

También destaca que en el derecho comparado más moderno se reconoce como un derecho humano el acceso a las TIC como se verifica en México, donde en 2013 se consagró en el artículo 6 de su Constitución Política el derecho de acceso a Internet, como en Francia, desde 2009.

Esta medida se tomó ante los constantes aumentos que se realizaron en el transcurso de la pandemia de Covid-19 y los que se anunciaban para septiembre, que cerraban la posibilidad de acceder a estos servicios para millones de argentinos, y superan en más de 20 por ciento la inflación acumulada desde diciembre de 2019.

Además, se escuchó por primera vez la demanda de la Comisión de Usuarios, que reclamaban desde hace años esta acción, ante una situación social que ponía en evidencia la injusticia y la desigualdad imperante en el acceso a la comunicación e información, lo que también destapó la pandemia.

La norma firmada por el presidente Alberto Fernández y todo su equipo de gobierno señala que las TIC representan no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación y al entretenimiento, sino que constituyen, además, un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social.

El documento hace referencia a las decisiones tomadas por el gobierno de Mauricio Macri, quien al asumir en diciembre de 2015, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, derogó gran parte del andamiaje legal en materia de servicios de comunicación audiovisual, abandonando la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a la ley de la oferta y la demanda como una simple mercancía.

Por su parte, la oposición encabezada por Propuesta Republicana, el partido ultraderechista de Macri, reaccionó violentamente, alegando que se trata de la estatización o que se violenta la libertad de expresión.

En Argentina, la oposición maneja monopolios de la información, como el Grupo Clarín, la Nación y otros, que se extienden por todo el país, y conforman el eje central de las campañas contra el gobierno actual.

El mandatario anunció anoche este decreto en su cuenta de Twitter –y esta mañana fue la noticia del día apareciendo en el Boletín Oficial– señalando que se trataba de garantizar el acceso a estos servicios a todos y todas remarcando que ante las restricciones que supuso la pandemia “ nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios y que con estas medidas se recuperarán herramientas regulatorias que el gobierno anterior le quitó al Estado.